Abogado General de la UE denuncia abusos laborales en España

El Abogado General de la UE y la Temporalidad en la Administración Pública Española

El debate sobre la temporalidad en la Administración Pública en España ha cobrado una nueva dimensión tras las declaraciones del Abogado General de la Unión Europea, Rimvydas Norkus. Su reciente pronunciamiento ha puesto de manifiesto la falta de medidas efectivas en el ordenamiento jurídico español para abordar el abuso de contratos temporales en el sector público. Esta situación ha llevado a que el Tribunal Supremo español eleve una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), buscando claridad sobre cómo se debe gestionar este problema.

La Inexistencia de Medidas Efectivas en España

Norkus ha señalado que, según la legislación europea, no se reconoce la condición de personal laboral fijo a los trabajadores indefinidos no fijos en el sector público. Este aspecto es crucial, ya que implica que, para que se considere que un país tiene medidas adecuadas para sancionar el abuso de temporalidad, debe existir al menos una disposición que permita prevenir y sancionar dicha práctica. Sin embargo, el Abogado General ha admitido que en el contexto español "no parecen existir medidas efectivas que permitan sancionar debidamente el abuso".

La falta de medidas efectivas en España pone en riesgo la estabilidad laboral de miles de trabajadores temporales.

Este diagnóstico plantea serias preguntas sobre la capacidad del sistema legal español para proteger a los trabajadores que han estado sujetos a contratos temporales de manera reiterada y, en muchos casos, abusiva. La situación se complica aún más cuando se considera que la conversión de contratos temporales en indefinidos no es una obligación para los Estados miembros de la UE, lo que significa que cada país tiene la libertad de establecer sus propias normativas.

La Recomendación al Tribunal Supremo

A pesar de la falta de medidas efectivas, el Abogado General ha dejado la decisión final en manos del Tribunal Supremo español. En su pronunciamiento, ha recomendado que el TJUE, en una futura sentencia, recuerde al Tribunal Supremo que debe incluir principios del Acuerdo Marco que se encuentra en la directiva sobre el trabajo de duración determinada. Este enfoque sugiere que, aunque el marco jurídico actual es insuficiente, aún hay espacio para que el Tribunal Supremo desarrolle criterios que puedan mejorar la situación.

Norkus ha enfatizado que la mera conversión de contratos temporales en indefinidos no es suficiente para compensar el daño sufrido por los trabajadores afectados. Para que una medida sea considerada efectiva, debe incluir tanto un carácter punitivo, que sancione a quienes cometen abusos, como un carácter compensatorio que restituya al trabajador por el perjuicio sufrido.

La Jurisprudencia y la Equiparación de Derechos

El Abogado General también ha destacado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha logrado equiparar ciertos derechos de los trabajadores indefinidos no fijos con los del personal fijo, especialmente en áreas como la remuneración y la promoción profesional. Sin embargo, esta equiparación no garantiza la estabilidad en el empleo, un aspecto que el legislador de la Unión Europea considera fundamental para la protección de los trabajadores.

La equiparación de derechos es un paso positivo, pero no suficiente para asegurar la estabilidad laboral.

La falta de estabilidad en el empleo es un problema crítico, ya que muchos trabajadores que desempeñan funciones idénticas no pueden disfrutar de los mismos derechos y garantías que sus colegas con contratos fijos. Esto genera una situación de desigualdad que puede tener consecuencias graves tanto para los trabajadores como para el funcionamiento de la Administración Pública.

Medidas Sancionadoras y Reparación del Daño

Para abordar el abuso de la temporalidad, Norkus ha propuesto que las medidas sancionadoras deben ser efectivas, disuasorias y proporcionadas. Esto implica que debe existir un sistema que permita la reparación íntegra del perjuicio sufrido por el trabajador debido al uso abusivo de contratos temporales. En este sentido, el Abogado General ha instado a que se considere la gravedad de la violación, incluida su duración, al calcular la cuantía de la indemnización.

El Abogado General ha dejado claro que ni el abono de una indemnización correspondiente a veinte días por año de servicio, ni la correspondiente a treinta días, son suficientes para garantizar una reparación adecuada en casos de abuso prolongado. Esto pone de manifiesto la necesidad de un cambio en la legislación que contemple indemnizaciones más justas y proporcionales a la gravedad de la situación.

El Papel del Tribunal Supremo en la Evaluación de Normativas

El Tribunal Supremo español tiene ahora la responsabilidad de evaluar si la normativa nacional contiene medidas efectivas y disuasorias para sancionar la utilización abusiva de contratos de duración determinada. Norkus ha indicado que, aunque se han introducido nuevas medidas legislativas para estabilizar el empleo público, la mera obligación de organizar procesos selectivos no garantiza que estos se lleven a cabo de manera efectiva.

El Abogado General ha expresado su preocupación de que estos procesos selectivos sean más bien una medida complementaria para remediar una situación de abuso existente, en lugar de una solución definitiva. Esto plantea la necesidad de un enfoque más integral que aborde las causas estructurales del abuso de la temporalidad en la Administración Pública.

La Importancia de la Experiencia Previa

Otro aspecto que ha sido objeto de discusión es la consideración de la experiencia previa y el tiempo dedicado por los trabajadores temporales en el acceso a la estabilidad laboral. Aunque esta medida puede ser beneficiosa, Norkus ha advertido que no es suficiente por sí sola. La falta de un marco que garantice la eliminación de las consecuencias del abuso puede perpetuar la precariedad laboral de muchos trabajadores.

La situación actual exige que se establezcan criterios claros y justos para el acceso a la estabilidad laboral, que no dependan únicamente de la experiencia acumulada, sino que también consideren el contexto en el que se ha producido el abuso.

Un Llamado a la Acción

La situación de los trabajadores temporales en la Administración Pública española requiere una atención urgente. El Abogado General ha dejado claro que corresponde al Tribunal Supremo determinar si las medidas existentes son suficientes para eliminar todas las consecuencias del abuso. Este es un momento crucial para que se tomen decisiones que puedan cambiar el rumbo de la precariedad laboral en el sector público.

La falta de medidas efectivas y la necesidad de un marco que garantice la estabilidad en el empleo son cuestiones que deben ser abordadas con seriedad. La protección de los derechos laborales no solo es un imperativo legal, sino también una cuestión de justicia social que afecta a miles de trabajadores en España.