COAG denuncia acuerdo UE-Marruecos que afecta derechos saharauis

COAG rechaza el acuerdo entre la UE y Marruecos por el Sáhara Occidental
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha manifestado su fuerte oposición al reciente acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Marruecos, el cual incluye productos provenientes del Sáhara Occidental. Esta postura fue expuesta por el responsable del sector de Frutas y Hortalizas de COAG, Andrés Góngora, durante la sesión Plenaria del Comité Mixto Europeo de Frutas y Hortalizas, que tuvo lugar en Madrid. En este encuentro, participaron representantes de diferentes administraciones, agricultores y cooperativas de varios países, incluyendo Francia, España, Italia y Portugal.
Falta de transparencia y legalidad del pacto
Andrés Góngora ha señalado la falta de transparencia que rodea a este acuerdo, subrayando su ilegalidad y el posible "impacto devastador" que podría tener sobre el sector hortofrutícola europeo. Durante su intervención, Góngora hizo hincapié en que este pacto no solo afecta a los agricultores europeos, sino que también vulnera el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro.
La falta de consulta con los representantes legítimos del Sáhara Occidental es un punto crucial en la argumentación de COAG.
La organización agraria ha solicitado al Comité la creación de un documento conjunto que exprese el rechazo formal del sector a lo que Góngora ha calificado como una "triquiñuela" legal por parte de la Comisión Europea. En este sentido, el responsable de COAG ha afirmado que se reservan el derecho a emprender acciones legales contra la Comisión, alegando que esta ha ignorado las directrices del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La posición del Tribunal de Justicia de la UE
El comunicado de COAG menciona que su postura se basa en diversas sentencias del TJUE que establecen que el Sáhara Occidental es una región no autónoma y jurídicamente separada de Marruecos. Por lo tanto, incluir productos de esta región bajo un tratado que no ha sido consultado con sus representantes legítimos sería una violación del derecho internacional.
Góngora ha advertido que este acuerdo crea un precedente peligroso al modificar un acuerdo internacional que afecta directamente a miles de agricultores europeos, sin haber consultado al sector, sin realizar una evaluación del impacto y sin la aprobación del Parlamento Europeo.
Consecuencias económicas del acuerdo
Más allá del conflicto legal y político, COAG ha alertado sobre las consecuencias económicas que podría acarrear este acuerdo. Según la organización, este pacto pone en riesgo la rentabilidad de miles de explotaciones hortofrutícolas y beneficia únicamente a grandes empresas importadoras. Además, se han planteado numerosos problemas relacionados con el etiquetado de los productos, lo que podría confundir a los consumidores.
La preocupación de COAG no solo radica en la legalidad del acuerdo, sino también en su impacto en la economía local y la sostenibilidad del sector agrícola europeo.
Reacciones de otros actores del sector
Diversas organizaciones europeas ya se han manifestado en contra del nuevo acuerdo, utilizando plataformas como COPACOGECA para expresar su rechazo. Estas organizaciones han instado al Comité Mixto a sumarse formalmente a esta oposición, evidenciando que el desacuerdo no es exclusivo de COAG, sino que refleja una preocupación más amplia en el sector agrario europeo.
La reacción de COAG ha sido contundente y se enmarca en un contexto de creciente preocupación sobre la sostenibilidad y la justicia social en el comercio internacional de productos agrícolas. La organización ha enfatizado la necesidad de que se respeten los derechos de los pueblos y se garantice una competencia justa en el mercado europeo.
El papel de la UE en la regulación del comercio agrícola
La UE ha sido históricamente un actor clave en la regulación del comercio agrícola, estableciendo normativas que buscan proteger tanto a los agricultores europeos como a los derechos de los pueblos en regiones en conflicto. Sin embargo, la reciente decisión de incluir productos del Sáhara Occidental en este acuerdo ha generado un debate sobre la eficacia y la ética de estas políticas.
La falta de un marco claro que regule la inclusión de productos de territorios en disputa plantea interrogantes sobre la responsabilidad de la UE en la promoción de prácticas comerciales justas y sostenibles. Este acuerdo podría ser visto como un retroceso en los esfuerzos por garantizar la transparencia y la justicia en el comercio internacional.
Perspectivas futuras para el sector hortofrutícola
El sector hortofrutícola europeo se enfrenta a un momento crítico. La incertidumbre generada por el acuerdo entre la UE y Marruecos podría llevar a una reconfiguración del mercado, afectando la producción y la comercialización de productos agrícolas en Europa. Los agricultores temen que, sin una regulación adecuada, sus explotaciones se vean amenazadas por la competencia desleal de productos importados que no cumplen con los mismos estándares de calidad y sostenibilidad.
La necesidad de un debate abierto y transparente sobre este acuerdo es más urgente que nunca. Los agricultores, cooperativas y organizaciones agrarias deben ser parte integral de las decisiones que afectan su futuro y el de sus comunidades. La participación activa de todos los actores del sector es fundamental para garantizar que se tomen en cuenta sus intereses y se protejan sus derechos.
Llamado a la acción por parte de COAG
Ante esta situación, COAG ha hecho un llamado a la acción, instando a los agricultores y a todas las partes interesadas a unirse en la defensa de sus derechos y a exigir una revisión del acuerdo. La organización agraria ha subrayado que la unidad del sector es clave para enfrentar los desafíos que se avecinan y para garantizar que las decisiones tomadas en Bruselas reflejen las necesidades y preocupaciones de los agricultores europeos.
El compromiso de COAG con la defensa de los derechos de los agricultores y la promoción de un comercio justo es más fuerte que nunca. La organización está dispuesta a llevar su lucha a las instancias legales y políticas necesarias para asegurar que se respeten los derechos del pueblo saharaui y se garantice la sostenibilidad del sector hortofrutícola europeo.
En este contexto, la presión sobre la UE para que reconsidere este acuerdo y sus implicaciones se intensificará. La voz de los agricultores y sus organizaciones será fundamental para lograr cambios significativos en la política agrícola europea y para garantizar que se respeten los principios de justicia y equidad en el comercio internacional.
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