150 millones de euros para empleo y formación en Andalucía, Canarias y Extremadura
El Gobierno destina más de 150 millones de euros en subvenciones para programas de empleo y formación en administraciones públicas
El Gobierno ha aprobado destinar más de 150 millones de euros en subvenciones para programas de empleo y formación en administraciones públicas, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de las personas demandantes de empleo y ocupadas. Estas subvenciones, que corren a cargo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), están dirigidas a la generación de empleo de calidad y la mejora de oportunidades laborales.
Enfoque en Andalucía, Canarias y Extremadura
La distribución de las subvenciones se centrará en las comunidades autónomas de Andalucía, Canarias y Extremadura. En concreto, se destinarán 50 millones de euros a Andalucía, 15 millones a Extremadura y 75 millones a Canarias, de los cuales 45 millones se enmarcan en el 'Plan Integral de Empleo' de Canarias y 30 millones en el Plan Integral de Empleo de La Palma. Estas medidas buscan impulsar la creación de empleo en regiones con mayores necesidades de desarrollo laboral.
Colaboración con organismos e instituciones
Para la ejecución de estas subvenciones, el Gobierno contará con la colaboración de diversos organismos e instituciones del ámbito de la Administración General del Estado. Entre ellos se encuentran el Instituto de la Juventud (Injuve), el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), la Jefatura Central de Tráfico, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). Estas entidades jugarán un papel fundamental en la implementación de los programas de empleo y formación.
Compromiso con la mejora de la empleabilidad
La aprobación de estas subvenciones refleja el compromiso del Gobierno con la mejora de la empleabilidad y la reducción del desempleo en España. A través de políticas activas de empleo, se busca garantizar el pleno desarrollo del derecho al empleo digno y de calidad, en línea con los principios establecidos en la Constitución Española y la estrategia coordinada para el empleo de la Unión Europea.
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