Plataforma critica prórroga de desahucios y exige soluciones urgentes

La Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación denuncia la prórroga de la suspensión de desahucios

La Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación ha expresado su descontento con la reciente decisión del Gobierno de incluir la prórroga de la suspensión de desahucios y lanzamientos en un Real Decreto-ley. Este decreto, que se prevé que se vote el próximo 27 de octubre, ha sido objeto de críticas por parte de la organización, que considera que se trata de una "trampa legislativa" que combina medidas sociales con la intención de mantener una política que, según ellos, favorece la impunidad de los ocupas y la desprotección de los pequeños propietarios.

La plataforma subraya que esta prórroga podría extender la suspensión de desahucios hasta finales de 2026, alcanzando así el séptimo año consecutivo de una medida que se implementó inicialmente como una solución temporal durante la pandemia de 2020.

Críticas a la estrategia del Gobierno

La organización ha denunciado que el Gobierno está utilizando esta prórroga para eludir su responsabilidad en la atención a las familias vulnerables. Aseguran que la falta de recursos económicos específicos y un fondo de compensación adecuado para la suspensión de desahucios está trasladando el coste de la paz social a los ciudadanos que poseen una única vivienda en alquiler. La plataforma ha manifestado su indignación al afirmar que es "inadmisible" que el Gobierno se presente como protector de los vulnerables mientras permite la usurpación de viviendas ajenas.

La falta de inversión en vivienda pública

La Plataforma de Afectados ha señalado que la ausencia de inversión en vivienda pública y recursos para servicios sociales está perpetuando el conflicto en lugar de ofrecer soluciones efectivas. Según su comunicado, el Gobierno no está ayudando a nadie, sino que está alimentando la situación de ocupación e inquiocupación. La organización enfatiza que sin un compromiso real por parte del Ejecutivo para abordar la crisis de vivienda, se está cronificando un problema que afecta a miles de familias.

"El bienestar social no puede construirse sobre la vulneración del derecho a la propiedad", afirma la plataforma, que aboga por políticas públicas responsables, como la concesión de ayudas directas al alquiler y el realojo en viviendas de titularidad pública.

El impacto en los pequeños propietarios

Uno de los puntos más críticos que ha expuesto la plataforma es que este decreto no afecta a los grandes tenedores de propiedades, sino a las familias trabajadoras que poseen una única vivienda en alquiler. Estas familias, que representan el 93,4% del mercado de alquiler en España, son las que realmente están sufriendo las consecuencias de esta política. La plataforma ha hecho un llamado a los grupos parlamentarios para que voten en contra del decreto, argumentando que esta es la única manera de forzar al Gobierno a rectificar y desvincular la paralización de desahucios de otras medidas sociales.

Un chantaje político

La organización también ha criticado la forma en que el Gobierno ha incluido la prórroga en un decreto ómnibus. Según ellos, esta estrategia busca "forzar" la voluntad de otros partidos políticos, impidiendo que cada medida pueda ser debatida y votada de forma independiente. De esta manera, los partidos se ven obligados a elegir entre apoyar ayudas sociales necesarias o validar lo que consideran un atropello a la propiedad privada.

La necesidad de un debate riguroso

La plataforma sostiene que el rechazo a esta norma es fundamental para abordar la crisis habitacional de manera rigurosa y específica, sin que ello suponga un perjuicio para los ciudadanos que están actuando como escudo social ante la inacción del Gobierno. Insisten en que es esencial separar la cuestión de los desahucios del resto de medidas sociales para poder encontrar soluciones adecuadas a la crisis de vivienda que afecta a tantas familias en España.

El papel de los grupos parlamentarios

La Plataforma de Afectados ha instado a los grupos parlamentarios a que se posicionen en contra del decreto y a que actúen en defensa de los pequeños propietarios que se encuentran en una situación económica y emocional crítica. La organización sostiene que votar en contra de este decreto es un acto de coherencia y justicia hacia el 93,4% de pequeños propietarios que se ven obligados a mantener a familias vulnerables e inquiocupas en sus viviendas.

La urgencia de soluciones efectivas

La situación actual exige soluciones efectivas que no solo protejan a los vulnerables, sino que también respeten los derechos de los propietarios. La plataforma ha advertido que, si no se toman medidas adecuadas, se seguirá perpetuando un conflicto que afecta a miles de familias trabajadoras que dependen de la renta de sus viviendas para su sustento diario.

La responsabilidad del Gobierno

La organización ha recordado que el Gobierno tiene la responsabilidad de abordar la crisis de vivienda de manera integral, y que esto implica no solo suspender desahucios, sino también invertir en políticas que realmente ayuden a las familias vulnerables. La falta de acción por parte del Ejecutivo está llevando a una situación insostenible, donde los pequeños propietarios se ven obligados a cargar con el peso de una crisis que no han creado.

La importancia del diálogo y la colaboración

Es crucial que se establezca un diálogo entre el Gobierno, los partidos políticos y las organizaciones afectadas para encontrar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas. La plataforma ha hecho un llamado a la colaboración para que se puedan desarrollar políticas que aborden la crisis de vivienda de manera efectiva y justa, sin sacrificar los derechos de los propietarios.

El futuro de la vivienda en España

El futuro de la vivienda en España depende de la capacidad del Gobierno para implementar políticas que equilibren las necesidades de los vulnerables con los derechos de los propietarios. La plataforma ha enfatizado que es necesario un cambio de enfoque que permita abordar la crisis habitacional sin recurrir a medidas que perpetúen la inseguridad y la desprotección de los pequeños propietarios.

"No se puede consentir que usurpen de facto el uso de la vivienda a familias que dependen de esa renta para su propio sustento", advierte la plataforma, que continúa trabajando para garantizar que se escuchen las voces de los afectados en este debate crucial.

La movilización social como respuesta

Ante esta situación, la Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación ha instado a la sociedad civil a movilizarse y a exigir cambios reales en la política de vivienda. La organización cree que solo a través de la presión social se podrá lograr que el Gobierno tome en serio la crisis habitacional y busque soluciones que realmente beneficien a todos los ciudadanos, sin dejar a nadie atrás.

La lucha por una vivienda digna y accesible es un derecho fundamental que debe ser defendido, y la plataforma está decidida a seguir luchando para que se respeten los derechos de todos los ciudadanos, tanto de los vulnerables como de los pequeños propietarios.