Nuevo reglamento mejora empleo juvenil y protege derechos laborales

El Consejo de Ministros establece un nuevo reglamento para los contratos formativos

Este martes, el Consejo de Ministros ha dado un paso significativo en la regulación del empleo juvenil y la formación laboral en España. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado la aprobación de un nuevo reglamento que establece las bases del contrato formativo, un instrumento que busca modernizar el tejido empresarial y fomentar la retención del talento en el país. Esta iniciativa se enmarca dentro de los esfuerzos del Gobierno para erradicar las prácticas abusivas que han marcado el panorama laboral en el ámbito de la formación.

La ministra ha subrayado la importancia de este reglamento, que no permitirá que los contratos formativos se retribuyan por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI).

Objetivos del nuevo reglamento

El nuevo Real Decreto tiene como principal objetivo regular los contratos formativos en dos modalidades: la formación en alternancia y la obtención de la práctica profesional. La primera modalidad está diseñada para aquellos que están en proceso de formación y que realizan parte de su aprendizaje en empresas, mientras que la segunda se orienta a quienes buscan adquirir experiencia en el ámbito relacionado con su titulación.

Yolanda Díaz ha señalado que esta normativa responde a la necesidad de modernizar el tejido productivo español y de ofrecer oportunidades reales a los jóvenes que buscan insertarse en el mercado laboral. Con la implementación de este reglamento, se busca que las empresas adopten prácticas más justas y transparentes en la formación de sus empleados.

Limitaciones en la contratación formativa

El nuevo reglamento también establece límites en cuanto al número de contratos formativos que pueden existir simultáneamente en una empresa, dependiendo del tamaño de la misma. Así, en centros de trabajo con menos de 10 empleados, se permitirá un máximo de tres contratos formativos; en empresas de entre 11 y 30 trabajadores, el límite será de siete; y en aquellas con entre 31 y 50 empleados, se podrán tener hasta diez contratos. En empresas con más de 51 trabajadores, se permitirá un 20% del total de la plantilla.

Esta regulación tiene como objetivo evitar el abuso de los contratos formativos y garantizar que los jóvenes en formación reciban una experiencia laboral que realmente contribuya a su desarrollo profesional.

La ministra ha enfatizado que se acabaron las prácticas abusivas en las que los jóvenes eran utilizados como mano de obra barata.

Derechos de los trabajadores en formación

El nuevo reglamento también garantiza que las personas en formación laboral tengan derecho a un programa formativo individual. Este programa será elaborado en colaboración con los servicios públicos de empleo, las autoridades educativas y las universidades, asegurando así que la actividad laboral esté directamente relacionada con la formación que justifica la contratación.

Además, se establece que no se podrán celebrar dos contratos formativos a la misma persona en el mismo nivel, y se requerirá que el sector acredite los estudios y la falta de experiencia previa en el campo. Esto es fundamental para asegurar que los jóvenes realmente estén recibiendo la formación que necesitan para su desarrollo profesional.

Condiciones laborales y retribución

En cuanto a las condiciones laborales, el reglamento estipula que el tiempo de trabajo efectivo no podrá superar el 75% de la jornada máxima durante el primer año y el 85% durante el segundo año, sin posibilidad de realizar horas extra, trabajo nocturno o en turnos. Esto es un paso importante para garantizar que la formación no interfiera con la vida académica de los jóvenes.

En lo que respecta a la retribución, el contrato de formación en alternancia no podrá ser inferior al SMI, y se establecerá de acuerdo con el convenio colectivo aplicable. Esto asegura que los jóvenes en formación reciban una compensación justa por su trabajo, evitando así situaciones de explotación laboral.

Convenios de colaboración y tutorías

Para poder llevar a cabo estos contratos, las empresas deberán suscribir convenios de colaboración y establecer un plan formativo individual. Cada tutor en la empresa podrá supervisar a un máximo de cinco personas con contratos formativos, o tres en centros de trabajo más pequeños. Esto permitirá una atención más personalizada y un seguimiento adecuado del progreso de los jóvenes en formación.

El itinerario formativo-laboral deberá detallar los contenidos de la actividad laboral en la empresa, así como los sistemas de tutoría y evaluación. La ministra ha advertido que cualquier desviación del itinerario establecido podría resultar en la conversión del contrato en uno indefinido, lo que subraya la importancia de cumplir con las condiciones acordadas.

Duración y suspensión de los contratos formativos

La duración de los contratos formativos no podrá ser inferior a tres meses ni exceder de un año, garantizando así que los jóvenes tengan tiempo suficiente para adquirir la experiencia necesaria. Además, se establece que las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, o violencia de género, entre otras, interrumpirán el cómputo de la duración del contrato formativo.

Esto es un avance importante en la protección de los derechos de los trabajadores en formación, asegurando que no se vean penalizados por circunstancias personales que puedan surgir durante el periodo de formación.

Un cambio necesario en el panorama laboral

Yolanda Díaz ha reconocido que la tardanza en la aprobación de este reglamento se debe a la necesidad de reformar previamente la Ley de Formación Profesional en España. Sin embargo, ha asegurado que este nuevo marco normativo es uno de los más participados en la historia reciente, lo que demuestra el compromiso del Gobierno con la mejora de las condiciones laborales y la formación en el país.

En 2024, se registraron casi un millón de prácticas no remuneradas, mientras que solo se formalizaron poco más de 54.000 contratos formativos. Esta disparidad evidencia la necesidad de abordar el uso fraudulento de las prácticas no laborales, un problema que ha sido denunciado por la ministra de Trabajo.

Con esta nueva normativa, el Gobierno busca cerrar el círculo de la formación en España, poniendo fin a las prácticas abusivas que han perjudicado a los jóvenes en su camino hacia el empleo.

Perspectivas futuras para el empleo juvenil

La implementación de este nuevo reglamento representa un cambio significativo en la forma en que se gestionan los contratos formativos en España. Se espera que estas medidas no solo ayuden a mejorar la calidad de la formación laboral, sino que también fomenten la creación de empleo de calidad para los jóvenes.

A medida que las empresas se adapten a estas nuevas regulaciones, se espera que se produzca un cambio cultural en el ámbito laboral, donde la formación y el desarrollo profesional sean priorizados y se valore la contribución de los jóvenes al mercado laboral. La ministra de Trabajo ha dejado claro que el objetivo es construir un futuro laboral más justo y equitativo para todos, donde la formación no sea vista como una carga, sino como una inversión en el talento del país.