Endesa e Iberdrola reclaman millones por aumento de tasas nucleares

Endesa presenta una reclamación millonaria al Gobierno por la tasa Enresa

Endesa ha decidido dar un paso significativo en su relación con el Gobierno español al presentar una reclamación patrimonial que asciende a la impresionante cifra de 454 millones de euros. Esta reclamación está dirigida al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). El motivo principal de esta acción es el aumento del 30% en la tasa que las centrales nucleares deben abonar para la gestión de residuos radiactivos y el desmantelamiento de las instalaciones nucleares, una carga que la compañía considera excesiva y desproporcionada.

El aumento de la tasa Enresa y su impacto en las empresas energéticas

La tasa Enresa, que es una prestación patrimonial no tributaria, se ha visto incrementada en el último año, pasando de 7,98 euros por megavatio hora (MWh) a 10,36 euros/MWh. Este cambio, aprobado por el Gobierno, busca ajustar la tasa a los costes que se prevén en el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR). La decisión ha generado un fuerte descontento entre las empresas del sector energético, que ven en este aumento una carga económica que puede afectar su rentabilidad.

La reclamación de Endesa podría abrir un nuevo capítulo en la relación entre el sector energético y el Gobierno, especialmente en lo que respecta a la regulación y fiscalidad del sector nuclear.

Desde el Ministerio, se ha confirmado que la defensa de esta reclamación ya está en manos de la Abogacía del Estado, lo que indica que el Gobierno está preparado para enfrentar este desafío legal. La situación se complica aún más por el hecho de que esta reclamación podría dar lugar a un informe del Consejo de Estado, que, si se pronuncia en contra de Endesa, podría llevar a la eléctrica a emprender acciones judiciales.

La postura de Endesa y la respuesta del Gobierno

Endesa, bajo la dirección de su CEO José Bogas, ha argumentado que el incremento de la tasa Enresa no solo afecta a su balance financiero, sino que también pone en riesgo la viabilidad de sus operaciones nucleares. La compañía ha manifestado que, cuando se firmó el protocolo de cierre de las centrales nucleares en 2019, se estableció un límite del 20% de incremento en la tarifa, lo que contradice el aumento actual.

El Gobierno, a través de su gabinete dirigido por Sara Aagesen, ha defendido la necesidad de este aumento, argumentando que es esencial para garantizar la correcta gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales. Sin embargo, la presión de las compañías eléctricas está llevando al Ejecutivo a reconsiderar su postura sobre la regulación del sector.

Iberdrola también se une a la controversia

No es solo Endesa la que ha mostrado su descontento con la nueva tasa. Iberdrola, otro gigante del sector energético, ha presentado su propia demanda contra Enresa, reclamando 324 millones de euros por el mismo concepto. Esta situación evidencia un creciente malestar en el sector energético español, donde las empresas están comenzando a cuestionar la sostenibilidad de las políticas gubernamentales en materia de energía nuclear.

Ambas compañías han planteado la necesidad de revisar la fiscalidad que pesa sobre las centrales nucleares. Según un estudio de EY, España es el único país de Europa que aplica impuestos adicionales sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos, lo que agrava aún más la situación financiera de las empresas del sector.

Propuestas para extender la vida útil de las centrales nucleares

A pesar de las tensiones actuales, Endesa e Iberdrola han presentado una propuesta conjunta al Gobierno para extender la vida útil de sus centrales nucleares. Sin embargo, el Ministerio ha considerado que esta propuesta es solo una "declaración de intenciones" que no cumple con los requisitos establecidos por el Gobierno.

Las "líneas rojas" que ha marcado el Ejecutivo incluyen la garantía de la seguridad de las personas, la seguridad del suministro eléctrico y la necesidad de que no se incremente el coste para los ciudadanos. En este contexto, la propuesta de extender la vida útil de la central nuclear de Almaraz hasta 2030 ha sido recibida con escepticismo por parte del Gobierno.

La ampliación de la vida útil de las centrales nucleares podría ser una solución viable, pero siempre que se respeten las condiciones de seguridad y viabilidad económica.

Las implicaciones de la ampliación de Almaraz

La central de Almaraz, que está programada para cerrar en 2027, es un punto focal en esta discusión. Endesa e Iberdrola han solicitado que se amplíen los plazos de cierre, lo que podría traducirse en una reducción de la tasa Enresa al dividir la recaudación por más años de producción. Sin embargo, la estructura de propiedad de la central, que incluye a Naturgy y EDP España, complica la toma de decisiones, ya que se requiere unanimidad entre los socios.

Iberdrola, que posee el 52,7% del capital de Almaraz, ha mostrado su disposición a colaborar en esta ampliación, pero las diferencias entre los socios podrían dificultar el avance de esta propuesta.

El debate sobre la fiscalidad nuclear en España

La fiscalidad que recae sobre las centrales nucleares es un tema candente en el sector energético. Las empresas han señalado que la carga impositiva en España es una de las más elevadas de Europa, lo que afecta su competitividad. El estudio de EY resalta que, además de la tasa Enresa, las empresas deben hacer frente a otros impuestos que no se aplican en otros países con programas nucleares consolidados.

Las compañías están pidiendo al Gobierno que se reevalúe la estructura fiscal que afecta a las centrales nucleares, argumentando que una reducción de estos impuestos podría facilitar la viabilidad económica de las instalaciones y, a su vez, permitir una mayor inversión en tecnologías más limpias y seguras.

La postura del Gobierno ante el futuro nuclear

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado claro en diversas ocasiones que cualquier decisión sobre la prórroga de la actividad de las centrales nucleares dependerá de criterios rigurosos. En el Congreso de los Diputados, Sánchez mencionó que la prórroga debe garantizar la seguridad de los ciudadanos y ser económicamente viable, además de asegurar el suministro eléctrico.

La situación actual plantea un escenario complejo para el futuro de la energía nuclear en España. Con la presión de las empresas del sector y las exigencias del Gobierno, el camino hacia una solución parece lleno de obstáculos.

El futuro incierto de la energía nuclear en España

El debate sobre la energía nuclear en España está lejos de resolverse. Las reclamaciones de Endesa e Iberdrola, junto con la postura del Gobierno, sugieren que el futuro de las centrales nucleares en el país dependerá de la capacidad de las partes para llegar a un acuerdo que satisfaga tanto las necesidades económicas de las empresas como las preocupaciones de seguridad y sostenibilidad del Gobierno.

La situación actual es un reflejo de las tensiones inherentes a la transición energética en España, donde la necesidad de gestionar residuos radiactivos y desmantelar centrales nucleares se enfrenta a la presión por mantener una fuente de energía estable y segura en un contexto de creciente demanda eléctrica. La resolución de este conflicto será clave para determinar el papel de la energía nuclear en el futuro energético del país.