Tribunal Supremo confirma indemnización despido improcedente de 33 días

El Tribunal Supremo reafirma la indemnización por despido improcedente en España

El Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha emitido un fallo unánime que reafirma la normativa vigente sobre la indemnización por despido improcedente en España, estableciendo que esta no puede ser incrementada a través de la vía judicial. Esta decisión ha suscitado un amplio debate sobre la adecuación de la legislación laboral actual en el contexto de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19.

Contexto del caso en cuestión

El caso que llevó a esta decisión del Tribunal Supremo involucra a una mujer que trabajaba como Operation Manager en una empresa con sede en Barcelona. Desde 2019, la trabajadora había mantenido un contrato indefinido a tiempo completo, con un salario mensual bruto de 25.000 euros. Sin embargo, el 27 de marzo de 2020, en medio del estallido de la pandemia, la empresa notificó la extinción de su contrato. La compañía le ofreció la indemnización máxima estipulada de 33 días de salario, lo que se tradujo en un importe de 941,78 euros, que fue abonado junto con el finiquito, totalizando 2.766,58 euros.

Recurso y fallo del Tribunal Superior de Justicia

La trabajadora, disconforme con la cantidad percibida, decidió recurrir la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Este tribunal consideró que la indemnización era "claramente insignificante" y no compensaba adecuadamente el daño sufrido por la trabajadora debido a la pérdida de su empleo. A su juicio, aunque la extinción del contrato se basó en causas objetivas, estas eran coyunturales, derivadas de la crisis sanitaria, lo que implicaba un "exceso en el ejercicio del derecho de extinción" por parte de la empresa.

Como resultado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estableció una nueva indemnización de 4.435,08 euros, reflejando una cantidad que, según su criterio, era más justa y acorde a las circunstancias del caso.

La postura del Tribunal Supremo

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha decidido no aceptar esta interpretación y ha reafirmado que la indemnización por despido improcedente, tal como se establece en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, es de 33 días de salario por año de servicio, con un límite máximo de 24 mensualidades. En su fallo, el Tribunal argumenta que esta indemnización es adecuada y que no puede ser incrementada judicialmente en función de las circunstancias específicas de cada caso.

El Alto Tribunal también ha señalado que esta decisión no vulnera el artículo 10 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que estipula que la indemnización debe ser adecuada. Según el Supremo, la legislación española ya cumple con este requisito al establecer un marco claro y definido para la indemnización por despido improcedente.

Normativa actual sobre despidos en España

En el contexto actual, el límite máximo de indemnización por despido improcedente en España se sitúa en 33 días de salario por año de servicio, con un límite de 24 mensualidades. En situaciones de despido por causas objetivas o despidos colectivos, la indemnización se reduce a 20 días de salario por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades. Esta normativa ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores, que consideran que las cuantías son insuficientes para disuadir a los empleadores de realizar despidos injustificados.

La reciente recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa al Gobierno español ha puesto de relieve la necesidad de revisar estas indemnizaciones para que sean realmente disuasorias y reparen efectivamente el daño causado a los trabajadores.

Recomendaciones del Consejo de Europa

La recomendación del Consejo de Europa surge a raíz de una reclamación colectiva presentada por UGT contra España, en la que se denunciaba la insuficiencia de la indemnización por despido injustificado. El Consejo instó al Gobierno de Pedro Sánchez a garantizar que las indemnizaciones sean adecuadas y efectivas, protegiendo así a los trabajadores frente a despidos improcedentes.

Esta recomendación ha encontrado eco en el Ministerio de Trabajo, que ha señalado que uno de sus objetivos para 2025 es revisar la regulación del Estatuto de los Trabajadores. Se busca que la indemnización por despido tenga en cuenta las circunstancias personales y laborales del trabajador afectado, permitiendo así una mayor flexibilidad y equidad en la compensación.

Impacto de la pandemia en el empleo

La crisis provocada por la pandemia ha acentuado la precariedad laboral en muchos sectores, y ha llevado a las empresas a recurrir a despidos como una medida de ajuste. La situación ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar las políticas laborales para proteger adecuadamente a los trabajadores en momentos de crisis.

La decisión del Tribunal Supremo de mantener la cuantía de la indemnización por despido improcedente ha generado críticas entre los sindicatos y organizaciones laborales, que argumentan que la normativa actual no responde a las necesidades del mercado laboral contemporáneo. La falta de flexibilidad en la indemnización puede llevar a que los empleadores opten por despedir a sus trabajadores sin considerar las consecuencias sociales y económicas de sus decisiones.

Perspectivas futuras en la legislación laboral

La revisión de la legislación sobre despidos y la adecuación de las indemnizaciones es un tema candente en la agenda política española. Con la presión de organismos internacionales y la creciente preocupación por la protección de los derechos laborales, es probable que el Gobierno se vea obligado a abordar estas cuestiones en un futuro próximo.

La posibilidad de que la indemnización por despido se adapte a las circunstancias individuales de cada trabajador podría ser un paso hacia una mayor justicia social y laboral en España.

La evolución de la legislación laboral en España dependerá en gran medida de la voluntad política y del diálogo social entre las partes implicadas. La necesidad de crear un entorno laboral más seguro y justo es una prioridad que no puede ser ignorada, especialmente en un contexto en el que la precariedad laboral se ha convertido en una realidad para muchos trabajadores.

Conclusiones sobre la indemnización por despido

La reciente decisión del Tribunal Supremo sobre la indemnización por despido improcedente ha puesto de manifiesto las tensiones existentes entre la normativa laboral y las necesidades de los trabajadores en un entorno cambiante. La cuestión de la adecuación de las indemnizaciones es un tema que seguirá generando debate y que, sin duda, requerirá una atención continua por parte de los legisladores y los actores sociales en España.

La evolución de la legislación laboral y la adaptación de las indemnizaciones a las circunstancias concretas de cada caso son aspectos que podrían marcar un cambio significativo en la forma en que se aborda el despido en el país. La necesidad de una protección efectiva para los trabajadores es un objetivo que debe estar en el centro de cualquier reforma futura.