CGT impugna resolución que limita promociones internas en funcionarios

La CGT impugna la resolución que limita las promociones internas para funcionarios del Grupo B

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha tomado una postura firme en defensa de los derechos de los funcionarios del Grupo B de la Administración Pública. En un movimiento que ha generado un amplio debate en el ámbito laboral, la Federación Estatal de Trabajadoras de la Administración Pública (FETAP) ha presentado una demanda judicial contra la resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública, fechada el 9 de julio de 2024. Esta resolución, según la CGT, excluye injustamente a un grupo de funcionarios que han logrado su reclasificación mediante sentencia judicial, limitando su derecho a participar en promociones internas.

La CGT argumenta que esta decisión no solo es injusta, sino que también contraviene principios fundamentales de igualdad y capacidad establecidos en la Constitución Española.

Exclusión de funcionarios del Grupo B: un acto discriminatorio

La resolución impugnada establece que solo los funcionarios del Subgrupo C1 podrán acceder a las promociones internas al Subgrupo A2. Esta restricción ha sido calificada por la CGT como una clara vulneración de los derechos de los funcionarios del Grupo B, quienes han demostrado cumplir con los requisitos necesarios para optar a estas promociones. La organización sindical ha enfatizado que esta medida no solo infringe los principios de igualdad, mérito y capacidad, sino que también socava la confianza de los trabajadores en el sistema administrativo.

La CGT ha señalado que este tipo de decisiones son un reflejo de una política que busca castigar a aquellos que han decidido reclamar sus derechos. "Se está enviando un mensaje intimidatorio a los trabajadores: aquellos que se atrevan a defender sus derechos serán excluidos de futuras oportunidades de promoción", han declarado representantes del sindicato.

Un precedente peligroso para la igualdad en la administración pública

La CGT ha advertido que la exclusión de los funcionarios del Grupo B establece un precedente alarmante en la administración pública. Esta situación no solo perpetúa desigualdades existentes, sino que también utiliza el sistema normativo como una herramienta punitiva contra aquellos que buscan justicia y equidad. Según el sindicato, esta resolución representa un "ataque directo" a los derechos de los funcionarios, lo que podría tener repercusiones a largo plazo en la estructura de la administración pública.

La organización ha hecho un llamado a la acción, exigiendo la anulación de la resolución y la garantía de que todos los funcionarios, independientemente de su clasificación, tengan acceso a las mismas oportunidades de promoción.

La defensa de los derechos laborales en la administración pública

La CGT ha enfatizado que la promoción interna y la carrera profesional son derechos fundamentales reconocidos en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). En este sentido, la organización ha manifestado su preocupación por cómo la resolución en cuestión atenta contra estos derechos, afectando no solo a los funcionarios del Grupo B, sino también al conjunto de la administración pública.

El sindicato ha instado a las autoridades a reconsiderar su postura y a garantizar que todos los funcionarios sean tratados de manera justa y equitativa. La falta de acceso a promociones internas no solo desmotiva a los trabajadores, sino que también afecta la calidad del servicio público, ya que la promoción interna es un mecanismo clave para la motivación y el desarrollo profesional de los empleados.

Reacciones y apoyos a la causa de la CGT

La demanda presentada por la CGT ha suscitado diversas reacciones en el ámbito político y social. Numerosos grupos y organizaciones han expresado su apoyo a la causa, argumentando que la exclusión de los funcionarios del Grupo B es un acto que no debe ser tolerado en una sociedad que se rige por principios de igualdad y justicia. Varios partidos políticos han manifestado su intención de investigar más a fondo esta situación y han prometido llevar el asunto al debate parlamentario.

Por otro lado, algunos expertos en derecho laboral han señalado que este tipo de acciones pueden tener un impacto negativo en la imagen de la administración pública. La percepción de que la administración no respeta los derechos de sus empleados puede llevar a una desconfianza generalizada, lo que podría afectar la eficiencia y la efectividad de los servicios públicos.

El papel de la justicia en la defensa de los derechos laborales

La demanda judicial presentada por la CGT se enmarca en un contexto más amplio de lucha por los derechos laborales en España. La organización ha manifestado su confianza en que la justicia actuará de manera imparcial y protegerá los derechos de los funcionarios del Grupo B. El sindicato ha señalado que este es un momento crucial para la defensa de los derechos laborales, y que es esencial que la justicia se pronuncie en favor de la igualdad y la no discriminación.

La CGT ha instado a otros sindicatos y organizaciones a unirse a su causa, argumentando que la lucha por la igualdad en la administración pública es una lucha que beneficia a todos los trabajadores. La unión de fuerzas puede ser clave para lograr cambios significativos en la legislación y en la práctica administrativa.

El impacto de la resolución en la carrera profesional de los funcionarios

La resolución impugnada no solo afecta a la promoción interna de los funcionarios del Grupo B, sino que también tiene un impacto significativo en su carrera profesional. La falta de oportunidades para avanzar en sus carreras puede llevar a una desmotivación generalizada entre los trabajadores, lo que a su vez puede afectar la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía.

Los funcionarios que se ven excluidos de las promociones internas pueden sentirse desalentados y menospreciados, lo que puede llevar a un aumento en la rotación de personal y a una disminución en la moral laboral. La CGT ha enfatizado que es esencial que se garantice un entorno de trabajo justo y equitativo, donde todos los funcionarios tengan la oportunidad de avanzar en sus carreras.

La lucha por la igualdad en el ámbito laboral

La impugnación de la resolución por parte de la CGT es un ejemplo más de la lucha por la igualdad en el ámbito laboral. En un momento en que los derechos de los trabajadores están siendo cuestionados en diversas áreas, es esencial que se mantenga la presión para garantizar que todos los empleados sean tratados con justicia y respeto.

La CGT ha manifestado su compromiso de seguir luchando por los derechos de los funcionarios del Grupo B y de todos los trabajadores en general. La organización ha hecho un llamado a la solidaridad y a la unidad entre los trabajadores, subrayando que solo a través de la acción colectiva se pueden lograr cambios significativos en la legislación laboral y en la práctica administrativa.

En este contexto, la demanda presentada por la CGT se convierte en un símbolo de la resistencia de los trabajadores frente a la injusticia y la discriminación. La organización está decidida a continuar su lucha hasta que se reconozcan y se respeten plenamente los derechos de todos los funcionarios en la administración pública.