Congreso debate impuesto mínimo global y reformas fiscales polémicas

Debate sobre la fiscalidad en el Congreso: El futuro de los impuestos a la banca y energéticas en juego

El Congreso de los Diputados se prepara para un intenso debate en la Comisión de Hacienda, donde un grupo de diputados se reunirá para analizar el proyecto de ley que establece un impuesto mínimo global del 15% para las empresas multinacionales. Este encuentro, que tendrá lugar este miércoles, se presenta como una oportunidad crucial para abordar no solo la nueva normativa, sino también la situación de los gravámenes extraordinarios sobre la banca y las empresas energéticas, que se encuentran en el centro de una creciente controversia política.

Enmiendas y propuestas fiscales del PSOE

El PSOE, como principal partido del Gobierno, ha presentado un conjunto de enmiendas al proyecto de ley que busca reformar la fiscalidad en España. Entre estas propuestas se incluye la modificación del Impuesto de Sociedades, un aumento en la fiscalidad del tabaco y la creación de nuevos tributos para productos como los vapeadores y plataformas de alquiler turístico como Airbnb. Estas medidas son parte de un esfuerzo más amplio para modernizar el sistema fiscal y adaptarlo a las necesidades actuales del país.

Uno de los puntos más relevantes de las enmiendas del PSOE es la propuesta de convertir el gravamen a la banca en un impuesto sobre el margen de intereses y las comisiones. Este cambio permitiría que el impuesto sea gestionado por las haciendas forales y se aplique de manera progresiva, con tipos impositivos que oscilan entre el 1% y el 6%, dependiendo de la base liquidable. Además, se contempla una deducción del 25% de la cuota de Sociedades, lo que podría suavizar la carga fiscal sobre las entidades bancarias.

La propuesta del PSOE busca un equilibrio entre la necesidad de financiación pública y la viabilidad económica de las entidades financieras.

La controversia sobre los impuestos a las energéticas

Uno de los aspectos más controvertidos de las enmiendas del PSOE es la omisión del gravamen extraordinario sobre las empresas energéticas. Este impuesto, que está previsto que expire el 31 de diciembre, ha generado un fuerte descontento entre los socios minoritarios del Gobierno, como Sumar, ERC, Bildu y Podemos. Estos partidos han manifestado su deseo de convertir los impuestos temporales a la banca y las energéticas en gravámenes permanentes, argumentando que las empresas de estos sectores han registrado beneficios extraordinarios en los últimos ejercicios.

En concreto, Sumar ha propuesto que estos gravámenes se mantengan de forma indefinida, argumentando que han permitido recaudar cerca de 2.900 millones de euros al año. Por su parte, ERC y Bildu han solicitado un aumento en el tipo impositivo, considerando que los beneficios récord anunciados por la banca y las energéticas justifican esta medida.

La posición del PNV y Junts

El PNV ha mostrado una postura ambivalente respecto a la permanencia del gravamen a las energéticas, indicando que no se opondría a su mantenimiento siempre que se introduzcan deducciones y se transforme en un impuesto más estable. Sin embargo, Junts ha dejado claro que no apoyará la permanencia del tributo si esto afecta negativamente a una inversión de 1.100 millones de euros en un proyecto de Repsol en Tarragona, que busca convertir residuos urbanos en combustible.

Este escenario evidencia la complejidad de las negociaciones entre los diferentes actores políticos, donde cada partido busca defender sus intereses y los de sus electores. La división en el bloque de investidura deja al PP como un actor clave en la toma de decisiones, ya que su apoyo será fundamental para que las enmiendas del PSOE prosperen.

La necesidad de consenso en el bloque de investidura

La oposición del PP y Vox a la política fiscal del Gobierno de coalición obliga a que todos los socios de investidura respalden con su voto las enmiendas planteadas por el PSOE. Esto implica que el partido socialista no puede permitirse perder el apoyo de ninguno de sus aliados, ya que cualquier disidencia podría poner en peligro la aprobación de su agenda fiscal.

El PSOE ha presentado un conjunto de enmiendas que no solo buscan reformar el sistema fiscal, sino también introducir nuevas figuras tributarias que se adapten a las realidades económicas actuales. Entre estas propuestas destaca la eliminación de la bonificación del diésel frente a la gasolina a partir del 1 de abril de 2025, aunque se prevé que esta medida no afecte al gasóleo profesional.

Medidas contra el fraude y nuevos tributos

Otra de las enmiendas del PSOE tiene como objetivo luchar contra el fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos, proponiendo el pago anticipado del IVA en este ámbito. Esta medida busca cerrar el paso a las prácticas fraudulentas conocidas como "missing traders", que han afectado gravemente a la recaudación del Estado.

Además, el PSOE ha incluido en su paquete de propuestas la creación de un nuevo impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco, con el fin de actualizar la fiscalidad de estos productos y desincentivar su consumo. Esta estrategia se alinea con los esfuerzos del Gobierno por promover hábitos de vida más saludables entre la población.

Reforma del Impuesto de Sociedades

La reforma del Impuesto de Sociedades es otra de las prioridades del PSOE. Esta reforma busca contrarrestar la nulidad parcial de una reforma anterior, impulsada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. El PSOE propone establecer un límite a las deducciones que pueden aplicar las grandes empresas, así como una reducción progresiva del impuesto para aquellas empresas con una cifra de negocio inferior a un millón de euros.

La intención del PSOE es fomentar la capitalización empresarial y el incremento del patrimonio neto de las compañías, lo que podría tener un impacto positivo en la economía.

Compatibilidad de pensiones y trabajo

Entre las enmiendas también se encuentra la propuesta de que la pensión por incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez sea compatible con un trabajo que requiera estar inscrito en algún régimen de la Seguridad Social. Esta medida busca facilitar la reintegración laboral de personas con discapacidad, promoviendo su autonomía y bienestar.

Además, se plantea un incremento en la tributación de las rentas del capital superiores a 300.000 euros, pasando del 28% al 29%. Esta medida está diseñada para aumentar la progresividad del sistema fiscal y asegurar que aquellos con mayores ingresos contribuyan de manera justa a la financiación de los servicios públicos.

Impulso a la modificación de la Directiva del IVA

El Gobierno también se compromete a impulsar en la Unión Europea la modificación de la Directiva del IVA, con el objetivo de gravar este impuesto a las plataformas de arrendamientos de vivienda turística, como Airbnb, en zonas donde la abundancia de estos alojamientos dificulta el acceso a una vivienda. Este paquete, conocido como ViDA (VAT in the Digital Age), es considerado una prioridad por el Gobierno, que busca equilibrar el mercado inmobiliario y garantizar el acceso a la vivienda para todos los ciudadanos.

El debate en la Comisión de Hacienda del Congreso será clave para determinar el futuro de estas enmiendas y la dirección de la política fiscal en España. La situación actual refleja la complejidad de las relaciones entre los diferentes partidos y la necesidad de alcanzar un consenso que permita avanzar en la reforma fiscal.