Prórroga de Presupuestos Generales hasta 2026 por falta de cuentas
Prórroga de los Presupuestos Generales del Estado: Un Análisis Detallado
El Consejo de Ministros ha tomado una decisión crucial este martes, aprobando un acuerdo que establece los criterios para la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 hasta el año 2026. Esta medida se produce en un contexto en el que no se han aprobado nuevas cuentas públicas para 2024 y 2025, lo que implica que las cuentas actuales se mantendrán vigentes. Este mecanismo está respaldado por el artículo 134 de la Constitución Española, que estipula que, en ausencia de una nueva Ley de Presupuestos al llegar el 1 de enero, las cuentas del ejercicio anterior se prorrogarán automáticamente.
Contexto de la Prórroga Presupuestaria
La prórroga de los PGE de 2023 se convertirá en la tercera vez que estas cuentas se extienden, un hecho que refleja la situación política actual en España. Esta es la undécima prórroga presupuestaria desde el inicio de la democracia, con precedentes en años como 1978, 1982, 1995, 2011, 2016, 2017 y en dos ocasiones en 2018. La situación actual del arco parlamentario, caracterizado por una fragmentación significativa, ha llevado a la necesidad de esta prórroga. La reciente ruptura de la coalición con Junts añade un nivel de complejidad adicional, haciendo que la obtención de apoyos para un nuevo proyecto de presupuestos sea un reto considerable para el Gobierno de Pedro Sánchez.
La prórroga de los PGE es un reflejo de la fragmentación política y la dificultad para alcanzar consensos en el actual panorama parlamentario.
Límite de Gasto y Senda de Déficit
Uno de los aspectos más relevantes de esta prórroga es el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', que se ha fijado en 216.177 millones de euros para el presupuesto de 2026. Este límite representa una cifra récord y está diseñado para proporcionar un marco financiero que permita al Gobierno gestionar de manera efectiva los recursos públicos. Sin embargo, es importante señalar que la senda de déficit y deuda para las administraciones públicas se ha visto afectada por el rechazo del Congreso, lo que ha llevado a la implementación de la senda plasmada en el plan fiscal estructural enviado a Bruselas el año pasado.
El déficit para el conjunto de las administraciones públicas se ha establecido en un 2,1% para 2026, con proyecciones de reducción a un 1,8% en 2027 y un 1,6% en 2028. Por otro lado, el objetivo de deuda pública se sitúa en el 100,9% del PIB en 2026, descendiendo al 100% en 2027 y al 99,1% en 2028. Estos números reflejan un esfuerzo del Gobierno por mantener una política fiscal responsable mientras se navega por un entorno político complicado.
Presupuestos Expansivos y Responsables
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que los Presupuestos de 2026 serán "expansivos y responsables". Esta declaración sugiere que el Gobierno tiene la intención de implementar medidas que no solo sean sostenibles a largo plazo, sino que también respondan a las necesidades inmediatas de la población. Montero ha enfatizado la importancia de que estos presupuestos sean percibidos como una "necesidad" por la mayoría de los grupos políticos, lo que indica un enfoque en la búsqueda de consenso.
El Gobierno ya está trabajando en la elaboración de un nuevo proyecto de cuentas públicas que se espera sea presentado y aprobado en las Cortes Generales durante la primera parte del año. Este esfuerzo por parte del Ejecutivo refleja una voluntad de adaptarse a las circunstancias cambiantes y de buscar soluciones que beneficien a la ciudadanía.
Modificaciones Relacionadas con el Plan de Recuperación
En los criterios de aplicación de la prórroga de los PGE, se han considerado las modificaciones realizadas en los últimos meses en relación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Este plan, que tiene como objetivo impulsar la economía española tras la crisis provocada por la pandemia, se encuentra en su fase final, que concluirá a finales de 2026.
El pasado 16 de septiembre de 2025, el Consejo de Ministros aprobó una adenda para hacer frente a los daños causados por desastres naturales ocurridos entre octubre y noviembre de 2024. Esta adenda incluye un nuevo Componente 32, destinado a apoyar la recuperación y la resiliencia ante fenómenos meteorológicos extremos y crisis externas. Con esta medida, se busca reorientar las actuaciones del PRTR hacia nuevas inversiones, utilizando partidas ya cumplidas o ajustes derivados de la evolución del plan desde su aprobación en 2021.
La adaptación de los presupuestos a las necesidades emergentes es clave para garantizar la resiliencia económica del país.
Simplificación del Proceso de Recuperación
El 9 de diciembre de 2025, se aprobó una nueva adenda de simplificación del Plan de Recuperación, diseñada para agilizar los procesos de verificación y ejecución. Esta medida tiene como objetivo reducir la burocracia, reforzar prioridades estratégicas y optimizar el uso de los recursos disponibles antes de la finalización del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia el próximo año. Estas acciones son cruciales para garantizar que los fondos europeos de los Next Generation se utilicen de manera eficiente y efectiva.
Para facilitar la absorción de estos fondos, se ha establecido un requisito previo para el inicio de nuevos expedientes de gastos asociados a los Next Generation: los departamentos ministeriales y sus organismos deberán adaptar los créditos prorrogados a las necesidades del cumplimiento del Plan de Recuperación durante 2026. Este enfoque busca maximizar la efectividad de las inversiones y asegurar que se alineen con los objetivos estratégicos del Gobierno.
Desafíos y Oportunidades en el Horizonte
La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado plantea tanto desafíos como oportunidades para el Gobierno y la sociedad española. La fragmentación del arco parlamentario y la dificultad para alcanzar consensos complican la posibilidad de aprobar nuevas cuentas públicas. Sin embargo, el enfoque en presupuestos expansivos y responsables puede ofrecer un camino hacia la estabilidad económica y social.
Además, la implementación del Plan de Recuperación y la adaptación a las necesidades emergentes, como los desastres naturales, son aspectos que pueden contribuir a la resiliencia del país. La capacidad de respuesta ante crisis externas y fenómenos meteorológicos extremos se ha convertido en una prioridad, y las medidas adoptadas en este sentido son un paso importante hacia un futuro más sostenible.
En este contexto, el papel del Gobierno será crucial para navegar por las complejidades políticas y económicas que se presentan. La búsqueda de apoyo en el Parlamento y la comunicación efectiva de las necesidades y beneficios de los nuevos presupuestos serán fundamentales para avanzar hacia un marco fiscal que beneficie a todos los ciudadanos.
A medida que se acerca el 1 de enero de 2026, la atención estará centrada en cómo el Gobierno logrará implementar su agenda fiscal en un entorno tan complicado. Las decisiones que se tomen en los próximos meses tendrán un impacto significativo en la economía española y en la vida de sus ciudadanos, marcando el rumbo de la política económica en los años venideros.
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