Políticos catalanes implicados en caso de sobresueldos reciben amnistía judicial

Amnistía para dos políticos catalanes por el caso de los sobresueldos

La sección de apelación de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha concedido la amnistía a dos políticos catalanes implicados en el caso de los sobresueldos. Se trata del exconseller de Economía, Jordi Puig, y el exsecretario de Hacienda, Martí Sánchez, quienes han sido los primeros en recibir este perdón judicial.

La decisión del tribunal se ha basado en la extinción de la responsabilidad penal de Puig y Sánchez, debido a la amnistía de los actos por los cuales fueron declarados culpables en primera instancia. Ambos políticos fueron condenados por malversación de fondos públicos, relacionados con el desvío de dinero destinado a programas sociales para financiar campañas políticas del partido en el gobierno.

En el caso de Jordi Puig, la sentencia original lo condenaba a cinco años de prisión y a devolver el dinero malversado, mientras que Martí Sánchez fue sentenciado a cuatro años de cárcel y a una multa económica. Sin embargo, la amnistía concedida por la Sala de apelaciones ha dejado sin efecto estas condenas, declarando la extinción de su responsabilidad penal y civil, así como la anulación de los registros y antecedentes relacionados con el caso.

Esta decisión judicial ha generado controversia en el ámbito político catalán, con críticas por parte de la oposición y de organizaciones civiles que consideran que la amnistía es un acto de impunidad hacia la corrupción. Por su parte, los abogados defensores de Puig y Sánchez han celebrado la decisión como un acto de justicia y han destacado la importancia de respetar el Estado de derecho.

La amnistía concedida a estos dos políticos catalanes ha reavivado el debate sobre la corrupción en la política y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión de los recursos públicos. Desde diferentes sectores se ha pedido una revisión de la legislación en materia de amnistías y un mayor compromiso por parte de las autoridades para combatir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas en el ejercicio del poder.