Tribunal de Cuentas cuestiona amnistía del 'procés' ante TJUE, salpicando a Mas

Tribunal de Cuentas plantea cuestión prejudicial al TJUE por ley de amnistía en el 'procés'
El Tribunal de Cuentas ha dado un paso más en el caso del presunto desvío de fondos para el 10 y la acción exterior del 'procés', al plantear la posibilidad de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la reciente ley de amnistía publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En una decisión sin precedentes, la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento ha solicitado la opinión de la Fiscalía, de Sociedad Civil Catalana y de las defensas de los 35 encausados en este caso. Se les ha concedido un plazo común de 10 días para que emitan sus pronunciamientos al respecto.
La posible cuestión prejudicial se centraría en determinados artículos de la ley de amnistía que podrían entrar en conflicto con la interpretación que el TJUE ha venido realizando de ciertos preceptos del Derecho de la Unión Europea. Entre los aspectos que podrían cuestionarse se encuentran la lucha contra el fraude, el principio de cooperación leal, los principios de igualdad y no discriminación, la seguridad jurídica y el Estado de Derecho.
Este movimiento por parte del Tribunal de Cuentas ha dejado en suspenso el plazo para dictar sentencia en este caso, hasta que se resuelva definitivamente la posible cuestión prejudicial al TJUE.
Reclamaciones millonarias y nombres destacados en el caso del 'procés'
La causa que involucra a los 35 encausados por el desvío de fondos para el 10 y la acción exterior del 'procés' ha generado reclamaciones millonarias y ha puesto en el punto de mira a figuras destacadas del independentismo catalán. El Ministerio Público reclama conjuntamente 3,1 millones de euros a los encausados, mientras que Sociedad Civil Catalana exige 5 millones de euros a 11 excargos del Govern.
Entre los nombres que figuran en esta lista se encuentran el expresidente catalán Artur Mas, condenado previamente por el Tribunal de Cuentas a devolver más de 4,9 millones de euros por la consulta independentista de 2014. También aparecen exconsejeros condenados por el Supremo, exdelegados de la Generalitat en el extranjero y personas procesadas por los preparativos del referéndum ilegal de 2017.
La fianza aportada por los encausados ha evitado embargos hasta el momento, pero la incertidumbre sigue presente en este caso que ha generado un gran impacto en la política catalana y española.
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