Investigación

Agentes de la UCO investigan presuntas irregularidades en contratos públicos en Madrid

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Agentes de la UCO investigan presuntas irregularidades en contratos de empresas vinculadas a políticos

Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se han desplazado a diferentes sedes en Madrid en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en contratos públicos. En esta ocasión, el foco de la investigación se centra en empresas vinculadas a políticos de renombre, como es el caso de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

En concreto, los agentes han requerido documentación en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) y en el Ayuntamiento de Madrid, con el objetivo de recabar información sobre expedientes relacionados con el empresario Juan Carlos Barrabés. Esta actuación se enmarca en la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias. El juez Juan Carlos Peinado ha ordenado estas diligencias para esclarecer la posible relación entre Gómez y Barrabés en la adjudicación de contratos públicos.

En un informe preliminar, la UCO ha descartado la vinculación de Begoña Gómez con el ex consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo, así como su supuesta intervención en el rescate de la aerolínea Air Europa por parte del Estado. Sin embargo, sí se ha constatado que la empresa de Barrabés obtuvo la mejor puntuación en criterios dependientes de juicio de valor en los contratos con Red.es, el CSD y el Ayuntamiento de Madrid.

Por otro lado, los agentes han analizado los contratos públicos adjudicados a sociedades vinculadas al empresario Juan Carlos Barrabés y han concluido que, si bien en los criterios de juicio de valor la empresa de Barrabés obtuvo la mejor puntuación, en los criterios económicos no fue la primera. Esta disparidad en las valoraciones ha levantado sospechas sobre posibles irregularidades en los procesos de adjudicación de contratos públicos.

La investigación sigue en curso y se espera que en los próximos días se recaben más pruebas y testimonios que arrojen luz sobre las presuntas irregularidades en los contratos públicos vinculados a políticos de alto nivel. La UCO continuará trabajando en estrecha colaboración con el juzgado de instrucción número 41 de Madrid para esclarecer todos los detalles de este caso.


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