Gobierno y CERMI acuerdan derogar despido automático por incapacidad permanente

Acuerdo histórico para la protección laboral de las personas con discapacidad

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, han firmado un acuerdo histórico para derogar el despido automático por incapacidad permanente. Este acuerdo refleja el compromiso del Gobierno con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y su integración real en la sociedad.

En este sentido, el acuerdo firmado con CERMI se suma a otras medidas adoptadas para favorecer la contratación de personas con discapacidad, como la elaboración del Libro Blanco sobre el Empleo y la Discapacidad. La vicepresidenta Díaz ha destacado la importancia de esta etapa de gobierno para completar las pautas de crecimiento de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito laboral.

Por su parte, Pérez Bueno ha calificado este acuerdo como "histórico" en un momento en el que la discapacidad sobrevenida se presenta de forma disruptiva y traumática. Este paso es fundamental para promover y desarrollar la protección laboral de las personas con incapacidad permanente.

La coordinadora del Libro Blanco de Empleo y Discapacidad, María José Romero, ha resaltado que esta iniciativa legislativa responde a las numerosas peticiones del documento y representa una gran oportunidad para garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas en el ámbito laboral. Además, ha destacado la importancia de escuchar las voces de la sociedad civil en este proceso.

En el acto de firma del acuerdo también han estado presentes otras autoridades, como el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y el director general de derechos de las personas con discapacidad, Jesús Martín.

Según datos del Ministerio de Trabajo, un 35,3% de personas con discapacidad forman parte de la población activa y representan el 1,58% de las personas afiliadas a la seguridad social. Desde 2014, el número de personas trabajadoras con discapacidad se ha incrementado en un 70%, aunque todavía existe una brecha de género en la afiliación, con un mayor porcentaje de hombres que de mujeres.

Este acuerdo supone un avance significativo en la protección laboral de las personas con discapacidad y refleja el compromiso del Gobierno en la eliminación de las desigualdades y la discriminación en el ámbito laboral.