Retrasos en valoración de discapacidad dificultan acceso a prestaciones sociales. Medidas tomadas

Retrasos en la valoración del grado de discapacidad: consecuencias y medidas tomadas

El Defensor del Pueblo ha alertado de "retrasos muy acentuados" en la valoración del grado de discapacidad, según se desprende de su informe anual correspondiente a 2023. Estos retrasos están generando situaciones "muy difíciles" para muchas personas, que ven obstaculizado y demorado su acceso a diversas prestaciones sociales y ayudas que les resultan imprescindibles.

En respuesta a esta problemática, se han tomado diversas medidas en las diferentes comunidades autónomas. La mayoría de ellas han informado de la puesta en marcha de una nueva herramienta informática, la contratación de más personal o la creación de nuevos centros de valoración. Por ejemplo, Región de Murcia, Cataluña, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Islas Baleares, Navarra y Galicia han optado por aumentar su personal, mientras que Extremadura ha decidido crear nuevos centros de valoración.

Errores en la migración de datos y falta de resoluciones administrativas en algunas comunidades

A pesar de los esfuerzos por reducir los tiempos de espera, se han detectado "errores no deseados" en la migración de datos entre las herramientas informáticas en algunas regiones. En Asturias, por ejemplo, no se estaban emitiendo resoluciones administrativas, sino simplemente comunicaciones a los interesados sobre su grado de discapacidad, lo que no tiene el valor jurídico de una resolución administrativa. Además, se ha informado sobre el traspaso de la función de valoración a la Consejería de Salud en esta comunidad.

Garantizar la continuidad del grado de discapacidad reconocido

En cuanto a los casos de revisión del grado de discapacidad, se ha recordado la importancia de mantener el grado previamente reconocido hasta que se dicte la resolución correspondiente, evitando así la suspensión de expedientes administrativos. Esta medida es crucial para garantizar la continuidad de las prestaciones por hijo a cargo y el acceso a los servicios y prestaciones de atención temprana para niños con discapacidad, que se han visto afectados por la demora en la valoración de los grados de discapacidad.