Bélgica embarga 482 millones a España por deudas energéticas

La Justicia belga embarga 482 millones de euros a España por deudas con inversores

La reciente decisión de la Justicia belga de embargar 482 millones de euros a España ha reavivado el debate sobre la seguridad jurídica en el país y su impacto en las inversiones extranjeras. Este embargo se produce en el contexto de un conflicto legal que se remonta a los recortes retroactivos de las primas a las energías renovables, implementados por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

Contexto del embargo

El embargo fue autorizado en el marco del caso OperaFund, donde se reclamó la ejecución de un laudo arbitral a favor de esta compañía. En 2019, OperaFund logró una resolución vinculante ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un tribunal de arbitraje del Banco Mundial, al que España está adherida. Esta resolución se basó en el Tratado de la Carta de la Energía, del cual España era firmante en el momento de los recortes que llevaron a las reclamaciones.

La cantidad total que se debe en este caso asciende a 29,3 millones de euros, además de 7,5 millones en intereses de demora.

El laudo arbitral dictado a favor de OperaFund se convirtió en un punto de inflexión, ya que el Gobierno español decidió no pagar la indemnización correspondiente. Ante esta negativa, OperaFund optó por emprender acciones legales en diversas jurisdicciones, buscando embargar bienes y créditos del Estado español.

Acciones legales en Bélgica

El equipo jurídico de OperaFund presentó una demanda ante los tribunales belgas, solicitando la intervención de los pagos que Eurocontrol, el organismo europeo de navegación aérea, realiza periódicamente a Enaire, el proveedor estatal español de servicios de control aéreo. La sede y las cuentas operativas de Enaire están bajo la jurisdicción belga, lo que permitió que la justicia de este país diera luz verde a la solicitud de embargo.

La decisión del tribunal belga se fundamentó en la necesidad de garantizar la compensación a los acreedores afectados por el impago. Como resultado, los 482,4 millones de euros que debían transferirse a Enaire quedan ahora inmovilizados, a la espera de un posible recurso por parte del Estado español.

Otros casos de embargos

No es la primera vez que se producen embargos de este tipo en relación con las inversiones en energías renovables en España. En julio del año pasado, la compañía japonesa Eurus Energy, filial del grupo Toyota, ya había iniciado un procedimiento similar que resultó en un embargo de más de 207 millones de euros. En ese caso, la deuda ascendía a 106,2 millones de euros en indemnización pendiente de pago, más otros 9,4 millones en intereses de demora.

Las empresas demandantes han logrado victorias judiciales en diversas jurisdicciones, incluyendo Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. Esta situación ha llevado a las firmas afectadas a reiterar su disposición a alcanzar un acuerdo con el Gobierno español que permita poner fin a esta prolongada litigiosidad y restablecer un clima de seguridad jurídica y certidumbre para la inversión internacional.

Deudas acumuladas y sus implicaciones

A medida que avanza el tiempo, el importe total pendiente de pago con las 27 empresas afectadas por los recortes se ha incrementado considerablemente. A diciembre de 2024, esta cifra asciende a 1.754,7 millones de euros, a la que se suman 297,6 millones en intereses de demora y 238,7 millones adicionales en costas, honorarios legales y otros sobrecostes. Esto eleva el total a 2.292 millones de euros, lo que plantea un desafío significativo para la economía española.

Durante la segunda mitad de 2025, los tribunales de Estados Unidos reconocieron y registraron los laudos correspondientes a siete procedimientos: Cube, Watkins, Antin, RREEF, 9REN, NextEra e InfraRed. La justicia estadounidense validó una deuda exigible de 691,2 millones de euros, lo que habilita a los acreedores a activar los mecanismos legales de ejecución disponibles en ese país.

Reacciones del Gobierno español

Ante esta cascada de resoluciones adversas, el Gobierno español ha recurrido al Tribunal Supremo en un intento por frenar los embargos y las reclamaciones. Sin embargo, la respuesta de los inversores ha sido contundente, iniciando un procedimiento formal de rastreo de bienes en Estados Unidos para identificar activos del Estado que puedan ser embargados.

La situación es aún más compleja, ya que la ofensiva judicial también avanza en Australia. En 2025, el Tribunal Federal dictó una sentencia que ordena la ejecución de cuatro laudos por un importe conjunto de 469 millones de euros. En esta resolución, el tribunal desestimó los argumentos de inmunidad soberana presentados por España y respaldó las reclamaciones de los demandantes.

La acumulación de deudas y la presión de los tribunales internacionales están llevando a España a una encrucijada que podría afectar gravemente su imagen como destino de inversión.

Impacto en la inversión extranjera

La serie de embargos y la falta de resolución en estos conflictos legales han generado un clima de incertidumbre en el ámbito de la inversión extranjera en España. Los inversores están cada vez más preocupados por la posibilidad de que sus derechos no sean respetados, lo que podría llevar a una disminución en la confianza y en la llegada de nuevos capitales al país.

La situación actual plantea interrogantes sobre la capacidad del Gobierno español para gestionar estos conflictos y restaurar la confianza de los inversores. La necesidad de un marco legal claro y predecible es más urgente que nunca, especialmente en un sector tan vital como el de las energías renovables.

Perspectivas futuras

El futuro de esta batalla legal sigue siendo incierto. Las decisiones de los tribunales en diversas jurisdicciones no solo afectarán a España, sino que también sentarán un precedente para otros países que enfrentan reclamaciones similares. La forma en que el Gobierno español maneje esta situación será crucial para determinar su reputación en el ámbito internacional.

Los inversores y las empresas afectadas continúan buscando vías para resolver sus reclamaciones de manera amistosa, pero la falta de acción por parte del Gobierno español podría llevar a un aumento en las acciones legales y embargos. La presión sobre el Estado español para encontrar una solución se intensificará a medida que se acumulan las deudas y los laudos arbitrales.

La situación actual es un recordatorio de la importancia de la seguridad jurídica en el ámbito de las inversiones. La capacidad de un país para atraer y mantener inversiones extranjeras depende en gran medida de su disposición a cumplir con sus obligaciones legales y de la transparencia en sus políticas económicas.

El tiempo dirá cómo se desarrollará esta compleja situación, pero lo que es indiscutible es que el impacto de estas decisiones judiciales resonará en el futuro de la economía española y en su relación con los inversores internacionales.