CGT impugna Real Decreto de jubilaciones por retroceso laboral

La CGT impugnará el nuevo Real Decreto sobre jubilaciones anticipadas

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha decidido dar un paso decisivo al anunciar su intención de impugnar ante el Tribunal Supremo el reciente Real Decreto que regula los coeficientes reductores para la jubilación anticipada en actividades consideradas penosas, peligrosas, tóxicas o insalubres. La organización anarcosindicalista ha calificado esta medida como "uno de los mayores retrocesos en materia sindical y de jubilación de los últimos años", lo que ha generado un amplio debate en el ámbito laboral y social.

Un decreto que empeora la situación actual

La CGT ha expresado su descontento con la norma, que fue aprobada el pasado martes y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el día siguiente. Según la organización, el nuevo decreto no solo mantiene la deficiencia de la regulación anterior, sino que la empeora considerablemente. Este cambio normativo ha suscitado críticas por su enfoque restrictivo y por la forma en que afecta a los derechos de los trabajadores.

La CGT argumenta que el decreto impone una solicitud conjunta de las organizaciones empresariales y sindicales para iniciar el procedimiento de aplicación de coeficientes reductores. Esto, según la CGT, pone en riesgo la actividad sindical y la defensa de los derechos de la clase trabajadora, ya que hace depender estas acciones de la voluntad empresarial.

Vulneración de derechos fundamentales

Uno de los puntos más controvertidos que ha señalado la CGT es que esta nueva normativa vulnera el derecho fundamental a la libertad sindical. La organización ha recordado que el Tribunal Supremo ya se pronunció en el pasado sobre este asunto, estableciendo que someter la acción sindical a la voluntad de las empresas "desnaturaliza y vacía de contenido la autonomía sindical". Este aspecto es especialmente crítico en un contexto donde la salud de los trabajadores debe ser una prioridad.

Además, la CGT ha subrayado que el nuevo decreto limita la solicitud y participación en el procedimiento a los sindicatos más representativos a nivel estatal y autonómico. Esto significa que aquellos sindicatos que son representativos en sectores específicos no podrán instar ni participar en el proceso, lo que contraviene sentencias previas del Supremo y del Tribunal Constitucional que habían declarado la nulidad de la expresión "más representativos".

Obstáculos en el procedimiento de solicitud

Otro de los aspectos que la CGT ha criticado es la exigencia de que los solicitantes proporcionen la identificación fiscal de los trabajadores potencialmente afectados por la actividad de riesgo. La organización ha calificado esta exigencia como una "amenaza" que podría llevar al archivo del procedimiento si no se aporta la información requerida en un plazo de 20 días. Esta situación plantea serias dudas sobre la viabilidad del procedimiento, ya que podría desincentivar a muchos trabajadores a presentar sus solicitudes.

La CGT también ha denunciado que el decreto establece un plazo de seis meses para resolver las solicitudes, pero a su vez introduce el silencio administrativo negativo. Esto significa que si no se resuelve en ese tiempo, la solicitud se considerará desestimada, lo que genera una sensación de inseguridad entre los trabajadores que buscan acceder a sus derechos.

Limitaciones en la participación de sindicatos

La creación de un grupo de trabajo "restringido" para el estudio de la dimensión de género y de los niveles de penosidad a partir de cierta edad también ha sido objeto de críticas por parte de la CGT. Este grupo estará compuesto únicamente por UGT, CCOO, la patronal, el Ministerio de Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, excluyendo a otros sindicatos que podrían tener una representación significativa en sectores específicos o a nivel autonómico. Esta limitación en la participación no solo es vista como injusta, sino que también puede llevar a una falta de representación adecuada de los intereses de los trabajadores.

Asimismo, la Comisión de Evaluación que se establece en el decreto estará integrada solo por el Ministerio de la Seguridad Social, la patronal y CCOO y UGT, dejando fuera a otros sindicatos que podrían aportar una perspectiva valiosa en el análisis de la situación. Esta falta de inclusión es percibida por la CGT como un intento de silenciar a voces críticas que podrían enriquecer el debate sobre la jubilación anticipada en sectores de riesgo.

La lucha de la CGT contra la inactividad administrativa

La CGT ha denunciado que la Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo ya estaban paralizando los expedientes en sectores peligrosos, como el amianto, lo que ha llevado a la organización a interponer múltiples recursos contenciosos-administrativos por inactividad de la Administración. Este contexto ha hecho que la CGT vea el nuevo decreto como un intento de "revertir a golpe de decreto" los derechos que han conseguido defender en los tribunales durante los últimos años.

La organización anarcosindicalista ha argumentado que el nuevo marco normativo no solo es una regresión en términos de derechos laborales, sino que también "legaliza las trabas y la dejación previas" de la Seguridad Social y del Ministerio de Trabajo. Esta percepción de que el decreto es un retroceso en la lucha por la dignidad laboral ha generado un amplio rechazo entre los sindicatos y los trabajadores afectados.

Reacciones en el ámbito laboral y social

La decisión de la CGT de impugnar el decreto ha generado reacciones en diversos sectores de la sociedad. Muchos trabajadores y sindicatos han expresado su apoyo a la CGT, considerando que la defensa de los derechos laborales es un asunto de vital importancia en un contexto donde la precariedad laboral y las condiciones de trabajo son temas candentes. La lucha por una jubilación digna para quienes han trabajado en condiciones penosas o peligrosas es vista como una cuestión de justicia social.

Por otro lado, algunos sectores han defendido la necesidad de regular de manera más estricta la jubilación anticipada, argumentando que es fundamental proteger la sostenibilidad del sistema de pensiones. Sin embargo, la CGT sostiene que esta regulación no debe hacerse a costa de los derechos de los trabajadores, y que es posible encontrar un equilibrio que garantice tanto la protección de los trabajadores como la viabilidad del sistema.

El futuro de la impugnación ante el Tribunal Supremo

La impugnación que la CGT ha anunciado ante el Tribunal Supremo no solo será un hito en la lucha por los derechos laborales, sino que también podría sentar un precedente importante en la interpretación de la normativa laboral en España. La resolución del Tribunal podría tener un impacto significativo en la forma en que se regulan las jubilaciones anticipadas en el futuro, así como en la relación entre sindicatos y empresas.

La CGT ha manifestado su compromiso de seguir luchando por los derechos de los trabajadores, y la impugnación del decreto es solo una de las muchas acciones que planea llevar a cabo en este sentido. La organización considera que es fundamental mantener la presión sobre las instituciones para garantizar que se respeten los derechos laborales y se protejan a los trabajadores que se ven afectados por condiciones laborales adversas.

La CGT ha dejado claro que no se quedará de brazos cruzados ante lo que considera un ataque a los derechos de los trabajadores. La lucha por una jubilación digna y justa es un objetivo que seguirá persiguiendo con determinación en los próximos meses y años.