Retroceso en políticas sociales tras derogación de decretos energéticos

Derogación de Reales Decretos: Un Golpe a las Medidas Sociales y Económicas

Este jueves, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha hecho pública la derogación de dos Reales Decretos ley que fueron rechazados en el Congreso de los Diputados: el decreto del gravamen energético y el denominado decreto 'ómnibus'. Este último contenía una serie de medidas de gran relevancia social y económica, como el aumento de las pensiones, ayudas al transporte, y la prórroga de protecciones para los consumidores vulnerables.

La caída de estos decretos representa un retroceso significativo en las políticas sociales del Gobierno.

Impacto en las Pensiones y Ayudas Sociales

El decreto 'ómnibus' incluía un incremento general del 2,8% en las pensiones para el año 2025, alineado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, se contemplaba una subida de entre el 6% y el 9% para las pensiones más bajas, superando así el aumento del coste de la vida. Esto significaba que las pensiones mínimas verían un aumento cercano al 6%, mientras que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se revalorizarían en un 9%.

Sin embargo, con la derogación de este decreto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha confirmado que, aunque el aumento del 2,8% se aplicará en la nómina de enero, las cuantías disminuirán a partir de febrero. Esta situación ha generado inquietud entre los beneficiarios, quienes ven amenazadas sus condiciones de vida.

Consecuencias para el Salario Mínimo Interprofesional

Uno de los aspectos más destacados de la derogación del decreto 'ómnibus' es el impacto que tendrá sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Este volverá a situarse en 1.080 euros mensuales en 14 pagas, cifra correspondiente a 2023. La derogación también implica que se suspende la prórroga del aumento del SMI para 2024, lo que ha generado preocupación entre los trabajadores con salarios más bajos.

Los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo están actualmente en negociaciones para acordar un nuevo aumento del SMI para 2025, pero la incertidumbre sobre el futuro de los salarios mínimos persiste.

Medidas Fiscales que Quedan Sin Efecto

Además de las implicaciones en pensiones y salarios, la derogación del decreto 'ómnibus' conlleva la eliminación de varias medidas fiscales. Entre ellas, la prórroga de deducciones en el IRPF relacionadas con la eficiencia energética y el uso de vehículos eléctricos. Estas deducciones eran un incentivo importante para fomentar la transición hacia energías más limpias y sostenibles.

La reforma fiscal que se había aprobado incluía un nuevo impuesto sobre líquidos para cigarrillos electrónicos, cuya entrada en vigor se había pospuesto para dar más tiempo a la adaptación de esta figura tributaria. Con la derogación, este impuesto también queda en el aire, lo que podría afectar a la recaudación fiscal del Estado.

Suspensión de Ayudas al Transporte y Otras Medidas

La derogación del decreto también implica la eliminación de las ayudas al transporte, que habían sido prorrogadas para los primeros seis meses de este año. Aunque algunas comunidades autónomas y ayuntamientos han manifestado su intención de mantener estas ayudas, la falta de un marco legal claro dificulta su implementación.

Las medidas fiscales que caen con la derogación del decreto son numerosas y abarcan aspectos como la prórroga de la libertad de amortización en el Impuesto sobre Sociedades para inversiones en energías renovables, así como la suspensión de la cuota de solidaridad para salarios que superen la base máxima de cotización.

La derogación de estas medidas representa un retroceso en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

El Escudo Social y la Protección de Consumidores Vulnerables

Uno de los aspectos más preocupantes de la derogación es la eliminación del escudo social que protegía a los consumidores vulnerables en materia de energía. Esto incluía la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, luz y gas hasta el 31 de diciembre de 2025. La eliminación de estas protecciones podría tener graves consecuencias para aquellos que ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Además, el escudo antiopas, que permitía al Gobierno controlar las inversiones extranjeras en empresas estratégicas, también ha quedado sin efecto. Esta medida era crucial para proteger los intereses económicos del país en un contexto de incertidumbre global.

Reacciones Políticas y Sociales

La derogación de estos decretos ha suscitado reacciones diversas en el ámbito político y social. Los partidos de la oposición, como el PP y Vox, han celebrado la decisión, argumentando que era necesario para frenar un gasto público desmedido. Por otro lado, organizaciones sociales y sindicatos han expresado su preocupación por el impacto negativo que estas medidas tendrán en la población más vulnerable.

Las críticas se centran en que la derogación de estas políticas no solo afecta a las pensiones y salarios, sino que también pone en riesgo el bienestar social de millones de ciudadanos que dependen de estas ayudas para subsistir.

La Situación Actual y el Futuro Incierto

A medida que se desmoronan estas medidas, el futuro se presenta incierto para muchos ciudadanos. La derogación de los Reales Decretos ha dejado un vacío en las políticas sociales que será difícil de llenar. Aunque el Gobierno ha manifestado su intención de seguir trabajando en nuevas medidas, la realidad es que muchas de las protecciones y ayudas que estaban en marcha se han esfumado.

Los Presupuestos Generales del Estado se prorrogarán automáticamente, pero la falta de claridad sobre cómo se gestionarán las partidas críticas, como las pensiones y ayudas sociales, genera un clima de incertidumbre. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos se encuentran en una situación complicada, ya que muchas de las ayudas que ofrecían a sus ciudadanos dependen de las decisiones del Gobierno central.

Desafíos para el Gobierno

Ante este escenario, el Gobierno se enfrenta a varios desafíos. Por un lado, necesita encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad fiscal y la protección social. Por otro lado, deberá trabajar en la recuperación de medidas que beneficien a los sectores más vulnerables de la sociedad, algo que se ha vuelto más urgente que nunca.

Las negociaciones en curso entre los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo serán cruciales para determinar el futuro del SMI y otras medidas laborales. Sin embargo, la derogación del decreto 'ómnibus' ha dejado claro que el camino hacia la recuperación de derechos y beneficios sociales será largo y complicado.

En resumen, la derogación de estos Reales Decretos no solo afecta a las pensiones y salarios, sino que también pone en peligro el tejido social y económico del país. La incertidumbre se cierne sobre el futuro, y la necesidad de medidas efectivas y protectoras se vuelve más evidente en un contexto donde la desigualdad y la vulnerabilidad social son cada vez más palpables.