Preocupación en el sector financiero por nueva ley de créditos

Advertencias sobre el Anteproyecto de Ley de Administradores y Compradores de Crédito

La reciente propuesta legislativa del Gobierno, conocida como el Anteproyecto de Ley de Administradores y Compradores de Créditos, ha suscitado un amplio debate en el sector financiero. La Asociación Nacional de Empresas de Gestión de Créditos (Angeco) ha manifestado su preocupación por varios aspectos de esta normativa, la cual, según ellos, contiene errores fundamentales que podrían afectar negativamente tanto a las entidades de crédito como a los deudores.

Un enfoque erróneo sobre la gestión de deudas

Uno de los puntos más controvertidos que ha señalado Angeco es la interpretación que hace el anteproyecto sobre la naturaleza de las deudas que se gestionan. Carlos Ruiz Cabrera, presidente de la asociación, ha indicado que se asume erróneamente que el objeto de gestión son "contratos vivos" en lugar de "deuda vencida". Esta confusión podría desencadenar una avalancha de quejas y reclamaciones que no podrán ser atendidas adecuadamente, ya que las reclamaciones se centrarían en cuestiones que corresponden a las entidades bancarias que originaron los préstamos.

La percepción equivocada de que el sector gestiona contratos de crédito en lugar de deudas es preocupante.

Este enfoque erróneo podría dejar a los deudores en una situación de desamparo, ya que las quejas que surjan sobre el momento en que se concedió un préstamo o sobre problemas específicos relacionados con el mismo, recaerían sobre la gestión de los administradores de crédito, cuando en realidad deberían ser atendidas por la entidad bancaria original.

Regulación incompleta y omisiones preocupantes

Otro aspecto que ha generado inquietud es la regulación incompleta del anteproyecto. Según Angeco, la normativa se centra únicamente en la gestión de deudas que han sido vendidas por las entidades financieras, dejando de lado la gestión directa de deudas por estas mismas entidades. Esto incluye la recuperación de créditos provenientes de impagos de empresas de telecomunicaciones y otros servicios básicos, conocidos como 'utilities'.

Alejandro Lucero, asesor senior de Savia Asset Management y miembro de la junta directiva de Angeco, también ha criticado la omisión de ciertos tipos de préstamos, como aquellos generados en situaciones de 'payday' o por entidades no reguladas por el Banco de España. Esta falta de regulación podría llevar a situaciones en las que, al gestionar deudas de compañías de servicios, no existan normas claras que protejan a los deudores.

Consecuencias para los deudores vulnerables

La propuesta también plantea interrogantes sobre cómo se tratará a los deudores en situación de vulnerabilidad económica. María Rodríguez Romero, directora del área de asesoría jurídica en Kruk y miembro de la junta directiva de Angeco, ha señalado que la norma podría permitir que ciertos deudores se "liberen" de su deuda pagando el mismo precio que pagaría una empresa externa al banco por el crédito. Sin embargo, la redacción actual del anteproyecto genera serias dudas sobre cómo se definirán los titulares en situación de vulnerabilidad y cómo se evaluará su estado.

La redacción del anteproyecto podría acarrear problemas significativos en la identificación de deudores vulnerables.

Este tipo de ambigüedad en la normativa puede dar lugar a interpretaciones erróneas y a un acceso desigual a la justicia para aquellos que realmente necesitan protección. Los expertos han advertido que esta situación podría incentivar el impago de los préstamos, ya que las entidades financieras podrían temer que la recuperación de sus créditos se vuelva más complicada.

Desafíos para el mercado de créditos no productivos

El anteproyecto de ley tiene como objetivo principal regular la actividad relacionada con los créditos no productivos, también conocidos como non-performing loans (NPL). Sin embargo, Francisco Uría, socio de KPMG, ha indicado que el origen de esta nueva regulación no es simplemente regular la actividad de los administradores de créditos, sino garantizar que exista un mercado europeo capaz de absorber estos activos problemáticos. Según Uría, el anteproyecto parece desviarse de este objetivo inicial.

La falta de un marco claro y coherente podría obstaculizar el desarrollo de un mercado competitivo para la compraventa de créditos morosos, que es uno de los objetivos que persigue la Directiva europea. Si la normativa no se ajusta adecuadamente a las necesidades del mercado, podría resultar en un entorno menos favorable para la recuperación de activos y, por ende, para la estabilidad del sistema financiero.

Inseguridad en la supervisión y sanciones

Otro punto crítico que ha sido destacado por los expertos es la diversidad de órganos competentes que tendrían la capacidad de sancionar a las empresas de recuperación de créditos. Aunque se ha establecido que el Banco de España será el órgano supervisor principal, la posibilidad de que organismos locales o autonómicos también puedan imponer sanciones genera un clima de inseguridad jurídica. Esta situación podría dar lugar a interpretaciones contradictorias y a un entorno regulatorio confuso para las empresas del sector.

Los expertos han subrayado que esta falta de claridad en la supervisión y las sanciones debe ser abordada para evitar que las empresas de gestión de créditos se enfrenten a un marco regulatorio fragmentado y potencialmente adverso.

Implicaciones para la protección del consumidor

El anteproyecto también incluye disposiciones destinadas a proteger a los consumidores, como la limitación de los intereses de demora en caso de impagos. Sin embargo, la efectividad de estas medidas dependerá en gran medida de cómo se implementen y de la claridad que ofrezcan a los deudores sobre sus derechos y obligaciones.

La regulación de la modificación del tipo de interés en contratos de duración indefinida, como en el caso de las tarjetas 'revolving', es otro aspecto que ha suscitado interés. La posibilidad de que los clientes puedan rechazar subidas en los tipos de interés o cancelar contratos es un avance, pero su aplicación práctica podría ser problemática si no se establecen criterios claros.

El camino por delante

A medida que el anteproyecto avanza en el proceso legislativo, es crucial que se tomen en cuenta las preocupaciones planteadas por los expertos del sector. La regulación de los administradores y compradores de crédito debe ser clara, coherente y efectiva para garantizar tanto la protección de los deudores como la estabilidad del sistema financiero.

El diálogo entre las entidades financieras, los reguladores y las asociaciones del sector será fundamental para lograr un marco normativo que cumpla con los objetivos de la Directiva europea y que, al mismo tiempo, proteja los derechos de los consumidores. La colaboración y la transparencia en este proceso son esenciales para construir un entorno financiero más sólido y equitativo para todos los actores involucrados.