Gobierno autoriza compra de GIP por BlackRock y controversia estalla

La controversia de BlackRock y la gestión de Naturgy

La reciente autorización del Consejo de Ministros para que el fondo de inversión BlackRock adquiera la gestora de fondos GIP, que posee un 20% de Naturgy, ha generado un gran revuelo en el ámbito político y social. La líder de Podemos, Ione Belarra, ha expresado su desacuerdo con esta decisión, argumentando que la entrada de fondos de inversión como BlackRock en empresas estratégicas puede comprometer los derechos de la ciudadanía.

La postura de Ione Belarra

Ione Belarra ha instado al Gobierno a nacionalizar Naturgy, subrayando que esta medida es esencial para proteger los intereses de los ciudadanos. Según Belarra, los fondos buitre tienen como único objetivo especular y maximizar sus beneficios a costa del bienestar de la población. "El Gobierno no sólo debería impedir que estos fondos se hagan con el control de empresas estratégicas, sino que Naturgy debería estar bajo control público", ha declarado en los pasillos del Congreso.

Condiciones impuestas por el Gobierno

Se ha indicado que el Gobierno ha mantenido las mismas condiciones que se establecieron en agosto de 2021 para el fondo australiano IFM al autorizar su entrada en el accionariado de Naturgy. Estas condiciones buscan proteger el interés público de la compañía, asegurando que mantenga su sede y actividad en España, así como garantizar una gestión financiera prudente.

La importancia de la gestión pública

Belarra argumenta que sólo a través de una gestión pública se pueden garantizar los derechos de los ciudadanos, especialmente en lo que respecta a los precios del gas y la electricidad. Para ella, estos servicios son bienes básicos que deben estar al alcance de todos, y la intervención pública es clave para asegurar precios justos y accesibles.

El debate sobre la privatización y la energía

Este asunto ha abierto un debate más amplio sobre la privatización de empresas energéticas y la necesidad de un control estatal. En un contexto donde la transición energética es crucial, muchos ciudadanos se preguntan si la gestión privada es realmente capaz de atender las necesidades de la población o si, por el contrario, se prioriza el beneficio económico por encima del bienestar social.