Sumar propone empresa pública para gestionar hidroeléctricas en España

La gestión pública de las centrales hidroeléctricas: un paso hacia la soberanía energética

La energía es un recurso vital para el desarrollo y el bienestar de cualquier sociedad. En España, el debate sobre la gestión de las centrales hidroeléctricas ha cobrado fuerza, especialmente tras la reciente iniciativa presentada por el grupo parlamentario Sumar en el Congreso de los Diputados. Este movimiento propone la creación de una entidad pública empresarial que se encargue de gestionar las centrales hidroeléctricas del país, una idea que busca garantizar la soberanía energética y priorizar el bienestar social sobre la maximización de beneficios económicos.

La necesidad de una gestión pública

La propuesta de Sumar se basa en la premisa de que la gestión pública de la generación eléctrica es indispensable para asegurar que los beneficios del sector energético se reviertan en la ciudadanía. La formación plurinacional argumenta que la gestión privada de los recursos hidroeléctricos no opera de manera eficiente y que la regulación existente ha demostrado ser ineficaz para corregir las malas prácticas en el sector.

Un claro ejemplo de esta problemática se evidenció en enero, cuando la Audiencia Nacional absolvió a Iberdrola Generación de las acusaciones de manipulación de su portfolio de generación. Este tipo de situaciones pone de manifiesto la necesidad de un sector público fuerte que pueda intervenir y garantizar una gestión más equitativa y sostenible de los recursos hídricos.

Una empresa pública con autonomía

La propuesta de Sumar contempla la creación de una empresa pública que tenga personalidad jurídica propia, un patrimonio propio y autonomía en su gestión. Esta nueva entidad estaría encargada de la producción de energía eléctrica a través del uso privativo de las aguas, lo que permitiría una gestión más directa y responsable de los recursos hidroeléctricos.

El diseño de esta empresa podría llevarse a cabo de dos maneras: comenzando desde cero o transformando Hunosa, que actualmente pertenece a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en esta nueva compañía pública de generación de energía. Esta transformación podría abrir la puerta a la participación pública de las comunidades autónomas, lo que fomentaría una mayor implicación de los territorios en la gestión de sus recursos.

Inversión en nuevas instalaciones

Además de gestionar las centrales existentes, Sumar propone que esta empresa pública esté habilitada para desarrollar e invertir en nuevas instalaciones de producción de energía. Esto incluye la posibilidad de constituir sociedades y participar mayoritariamente en otras ya existentes para llevar a cabo la actividad de generación de energía.

La inversión en nuevas infraestructuras es crucial para diversificar la matriz energética del país y garantizar un suministro sostenible y accesible. La gestión pública de estas inversiones no solo beneficiaría a la empresa, sino que también podría contribuir a la creación de empleo y al desarrollo económico de las regiones donde se implementen estas instalaciones.

Beneficios para la ciudadanía

Uno de los objetivos centrales de esta iniciativa es asegurar que los beneficios generados por la producción de energía se reviertan en la ciudadanía. Esto implica contribuir a la restitución económica y social de los municipios afectados por las instalaciones hidroeléctricas, en proporción a la generación producida en cada territorio.

Este enfoque no solo busca garantizar una distribución más equitativa de los recursos, sino que también pretende fomentar un sentido de pertenencia y responsabilidad en las comunidades locales. Al involucrar a los ciudadanos en la gestión de sus recursos, se promueve un modelo de desarrollo más sostenible y alineado con las necesidades de la población.

Reforma de la Ley de Aguas

Para alcanzar los objetivos planteados en la propuesta, Sumar ha instado al Gobierno a elaborar un informe que analice la situación de las concesiones sobre el dominio público hidráulico. Este informe debería delimitar y clarificar los diferentes vencimientos de estas concesiones, así como evaluar el cumplimiento de los términos establecidos.

Además, la reforma de la Ley de Aguas es un paso crucial para facilitar la creación de esta entidad pública y garantizar una gestión más eficiente y sostenible de los recursos hídricos. La actualización de esta legislación permitiría adaptar el marco normativo a las necesidades actuales y futuras del país, en un contexto de creciente preocupación por el cambio climático y la sostenibilidad ambiental.

La importancia de la soberanía energética

La soberanía energética se ha convertido en un tema de creciente relevancia en el contexto actual, donde la dependencia de fuentes de energía externas puede poner en riesgo la estabilidad económica y social de un país. La propuesta de Sumar busca reforzar esta soberanía mediante la gestión pública de los recursos hidroeléctricos, asegurando que España pueda contar con un suministro energético sostenible y accesible.

Al priorizar el bienestar social sobre la maximización de beneficios económicos, se promueve un modelo de desarrollo que no solo busca el crecimiento económico, sino que también se preocupa por el impacto social y ambiental de las decisiones tomadas en el ámbito energético.

El futuro de la energía en España

La iniciativa de Sumar marca un paso significativo hacia un modelo de gestión más responsable y sostenible de los recursos hídricos en España. La creación de una empresa pública que gestione las centrales hidroeléctricas podría ser un punto de inflexión en la manera en que el país aborda su política energética.

A medida que la sociedad avanza hacia un futuro más consciente de la importancia de la sostenibilidad y la equidad, es esencial que se tomen decisiones que reflejen estas prioridades. La propuesta de Sumar es un ejemplo de cómo la política puede ser un motor de cambio hacia un modelo energético más justo y sostenible.

La gestión pública de las centrales hidroeléctricas no solo representa una oportunidad para mejorar la eficiencia y la equidad en el sector energético, sino que también es un paso hacia un futuro donde la energía sea un derecho accesible para todos, y no un privilegio de unos pocos.