PP pide comparecencia de Murtra por ERE que afecta a 6000 trabajadores

El PP exige la comparecencia de Marc Murtra en el Congreso ante el ERE de Telefónica

El Partido Popular (PP) ha tomado la iniciativa de solicitar la comparecencia del presidente de Telefónica, Marc Murtra, en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso. Esta solicitud surge en un momento crítico, ya que la compañía se encuentra en medio de un expediente de regulación de empleo (ERE) que podría afectar a unos 6.000 trabajadores. La situación ha generado una serie de preguntas dirigidas al Gobierno, que el PP ha registrado en la Cámara Baja para obtener respuestas por escrito.

Un plan estratégico en el horizonte

El objetivo de la comparecencia de Murtra es que explique el nuevo plan estratégico de Telefónica, que abarca el periodo 2026-2030. Este plan ha sido presentado recientemente y se considera de interés para la seguridad nacional. La relevancia de este asunto se ve reflejada en la intención del PP de que el directivo aclare los detalles de la hoja de ruta que la empresa ha trazado para el futuro.

La comparecencia de Murtra es vista como un paso necesario para esclarecer las intenciones de Telefónica y su impacto en el mercado laboral español.

El plan estratégico incluye una serie de medidas de eficiencia, con la meta de reducir los costes de la empresa en aproximadamente 2.300 millones de euros para 2028, y hasta 3.000 millones de euros para finales de la década. Este tipo de medidas suelen generar preocupación entre los trabajadores y los sindicatos, especialmente cuando se habla de despidos masivos.

Detalles del ERE y su impacto en los trabajadores

Dentro del plan de eficiencia, se contempla una reducción significativa del dividendo para el año 2026, que se fijará en 0,15 euros por título, y la implementación del ERE que afectará a siete sociedades del grupo. La cifra de 6.000 trabajadores es aún provisional, ya que la afectación final se definirá una vez que se concluyan las negociaciones con los sindicatos.

El PP ha expresado su preocupación por la falta de claridad en este proceso y ha registrado varias preguntas en el Congreso. Estas preguntas buscan entender las acciones concretas que el Gobierno ha llevado a cabo para evitar este ERE y si ha intervenido en las decisiones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que posee un 10% de Telefónica tras una inversión de casi 2.300 millones de euros.

La voz discordante en el Gobierno: Yolanda Díaz

En el seno del Gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado su desacuerdo con la gestión del ERE en Telefónica. En una carta dirigida a la SEPI, calificó el ERE de "indecente", lo que ha generado un debate interno sobre la postura del Ejecutivo respecto a la situación laboral en la empresa.

La ministra ha sido una de las voces más críticas, lo que ha llevado al PP a formular preguntas específicas al Gobierno. Entre ellas se encuentra la inquietud sobre qué instrucciones se han dado al consejero dominical de la SEPI en Telefónica, Carlos Ocaña Orbis, y si se ha instado a este a posicionarse en contra del proceso de despido colectivo.

Las declaraciones de Yolanda Díaz han puesto en el centro del debate la responsabilidad del Gobierno en la situación de Telefónica y la necesidad de proteger el empleo.

Preguntas que inquietan al PP

El PP ha planteado una serie de interrogantes que reflejan su preocupación por la situación laboral en Telefónica. Una de las preguntas más destacadas es: "¿Cómo es posible que se plantee un despido masivo de miles de trabajadores en una empresa cuyo consejo de administración forma parte del mismo Gobierno que dice que la economía española va como un cohete?".

Esta pregunta pone de manifiesto la contradicción que percibe el PP entre el discurso optimista del Gobierno sobre la economía y la realidad del ERE en una de las principales empresas del país. La situación ha llevado a los populares a exigir una mayor transparencia y responsabilidad por parte del Ejecutivo.

El impacto en la economía nacional

La situación de Telefónica y el posible despido de 6.000 trabajadores no solo afecta a la empresa y a sus empleados, sino que también tiene implicaciones más amplias para la economía española. La reducción de personal en una empresa de tal envergadura podría tener efectos en el mercado laboral, así como en la confianza de los inversores y en la percepción internacional de la economía española.

La estrategia de reducción de costes, aunque necesaria para la sostenibilidad de la empresa, plantea un dilema entre la rentabilidad empresarial y la responsabilidad social. La gestión de este ERE se convierte en un tema candente que requiere una atención especial por parte de todos los actores involucrados.

Reacciones de los sindicatos y la sociedad civil

Los sindicatos han reaccionado con preocupación ante la noticia del ERE en Telefónica. La posibilidad de que miles de trabajadores pierdan su empleo ha movilizado a diversas organizaciones laborales que exigen un diálogo abierto entre la empresa y los representantes de los trabajadores. La situación ha generado un clima de tensión que podría derivar en movilizaciones y protestas.

La sociedad civil también está atenta a cómo se desarrollan los acontecimientos. La percepción de que una empresa con grandes beneficios y un consejo de administración vinculado al Gobierno está llevando a cabo despidos masivos ha suscitado críticas y ha puesto en entredicho la ética empresarial.

El futuro de Telefónica y su estrategia de negocio

El futuro de Telefónica está en juego con la implementación de este nuevo plan estratégico. La compañía busca adaptarse a un entorno cambiante, donde la digitalización y la innovación son clave para la supervivencia. Sin embargo, este proceso no puede llevarse a cabo a expensas del bienestar de sus empleados.

La implementación de un ERE de tal magnitud podría tener repercusiones a largo plazo en la reputación de la empresa y en su relación con los trabajadores. La forma en que Telefónica gestione esta situación será crucial para su imagen pública y para la confianza que los consumidores y empleados depositen en ella.

El papel del Gobierno en la mediación

La intervención del Gobierno en este proceso es fundamental. La SEPI, como accionista de Telefónica, tiene la responsabilidad de velar por los intereses de los trabajadores y de la economía nacional. La falta de una postura clara por parte del Ejecutivo podría dar lugar a un clima de desconfianza y a un aumento de las tensiones laborales.

El papel de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es especialmente relevante en este contexto. Su capacidad para mediar entre las partes y encontrar una solución que minimice el impacto del ERE será observada con atención por la opinión pública y por los trabajadores afectados.

La necesidad de un diálogo constructivo

La situación actual exige un diálogo constructivo entre Telefónica, los sindicatos y el Gobierno. La búsqueda de soluciones que protejan el empleo y al mismo tiempo permitan a la empresa ser competitiva es un desafío que requiere la colaboración de todos los actores involucrados.

Las preguntas planteadas por el PP y las declaraciones de Yolanda Díaz son indicativas de la complejidad de la situación. La gestión de este ERE será un test importante para el Gobierno y para Telefónica, y su desarrollo será seguido de cerca por todos los interesados.