Gabilondo propone reformar el IMV para proteger a familias vulnerables

El Ingreso Mínimo Vital y la Propuesta del Defensor del Pueblo

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha sido una herramienta fundamental para combatir la pobreza en España, especialmente durante los momentos de crisis económica. Sin embargo, su implementación ha estado marcada por ciertos problemas que afectan a los beneficiarios, especialmente a aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Recientemente, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha puesto sobre la mesa una propuesta que podría cambiar significativamente la forma en que se gestionan estas ayudas.

La Propuesta de Modificación Legal

Gabilondo ha iniciado una actuación de oficio para modificar la normativa que regula el IMV y otras ayudas asistenciales. La propuesta consiste en limitar la obligación de devolver estas ayudas cuando se demuestre la buena fe de los beneficiarios o cuando el error sea atribuible a la propia Administración. Esta modificación afectaría no solo al IMV, sino también a pensiones no contributivas y subsidios de desempleo de larga duración.

Esta iniciativa se ha presentado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ahora debe valorar la viabilidad de esta reforma. La intención es modificar el artículo 55 de la Ley General de la Seguridad Social, que actualmente obliga al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a reclamar todas las deudas sin excepciones. Esto podría suponer un alivio significativo para muchas familias que enfrentan situaciones económicas críticas.

El Problema de las Devoluciones

Una de las quejas más comunes entre los beneficiarios del IMV es la exigencia de devolución de las cantidades percibidas. A menudo, las entidades gestoras tardan meses o incluso años en revisar las solicitudes y, cuando finalmente lo hacen, exigen la devolución de todo el periodo en el que se ha percibido la ayuda. Esta situación ha llevado a muchas familias a enfrentarse a un estrés financiero considerable.

Gabilondo ha destacado que, a pesar de que los beneficiarios tienen la obligación de informar sobre nuevos ingresos, la falta de agilidad en la respuesta administrativa provoca que muchas familias se vean obligadas a devolver cantidades que, en algunos casos, ya han gastado para cubrir sus necesidades básicas. Esto no solo afecta su situación económica, sino también su bienestar emocional y mental.

Vulnerabilidad de los Beneficiarios

El Defensor del Pueblo ha recibido numerosas quejas de familias que se encuentran en una situación de extrema necesidad. Muchas de estas familias dependen completamente del IMV para sobrevivir, y la posibilidad de tener que devolver cantidades significativas puede resultar devastadora. Gabilondo ha hecho un llamado a la Administración para que tenga en cuenta la emergencia económica que enfrentan muchas de estas familias antes de proceder con las reclamaciones.

La realidad es que muchas de estas familias no tienen los recursos necesarios para hacer frente a las deudas que se les exigen. En lugar de ser un apoyo, el sistema de ayudas se convierte en una carga que agrava su situación de vulnerabilidad. Es crucial que se implementen medidas que protejan a estos hogares y que se les permita vivir con dignidad.

La Respuesta de la Administración

La actuación de oficio del Defensor del Pueblo también se dirige a la Secretaría de Estado de Trabajo, que es responsable del Servicio Público de Empleo Estatal. Gabilondo busca conocer su postura sobre la necesidad de llevar a cabo esta reforma legal. La importancia de esta consulta radica en que la Administración debe ser consciente de la gravedad de la situación y de las implicaciones que tienen sus decisiones en la vida de los ciudadanos.

Además, el Defensor del Pueblo ha recordado que tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal Supremo español han señalado que reclamar la totalidad de las ayudas percibidas puede ser desproporcionado si se ha demostrado la buena fe de los beneficiarios o si el error ha sido de la Administración. Estos pronunciamientos ofrecen un marco legal que podría respaldar la propuesta de Gabilondo.

La Necesidad de un Cambio Estructural

La situación actual del IMV y de otras ayudas asistenciales requiere un cambio estructural que permita una mayor flexibilidad y comprensión por parte de la Administración. La propuesta del Defensor del Pueblo no solo busca aliviar la carga de los beneficiarios, sino que también aboga por un sistema más justo y equitativo. Es fundamental que se reconozca el esfuerzo de aquellos que, a pesar de las dificultades, intentan cumplir con sus obligaciones y mantener su dignidad.

El camino hacia una modificación legal que beneficie a los hogares vulnerables es complejo, pero es un paso necesario para garantizar que el IMV y otras ayudas asistenciales cumplan su propósito original: proporcionar un soporte real a quienes más lo necesitan. En un momento en que la crisis económica sigue afectando a muchas familias, es imperativo que se tomen medidas que protejan a los más desfavorecidos y que se asegure que el sistema de ayudas funcione de manera eficiente y humana.