UTE de Juan Carlos Barrabés lidera contrato con Red.es en investigación por tráfico de influencias

La UCO detalla las claves del contrato con Red.es

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desvelado las claves del contrato con Red.es en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios que afecta a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Según el informe de 102 páginas al que ha tenido acceso Europa Press, la UTE integrada por la empresa de Juan Carlos Barrabés logró obtener la mayor puntuación entre las empresas licitadoras para conseguir el contrato.

En concreto, la UCO ha analizado seis expedientes que continúan bajo sospecha en el procedimiento judicial, donde se investiga la presunta influencia de Begoña Gómez en la adjudicación de contratos públicos. Los agentes concluyen que, en líneas generales, el proceso de contratación se desarrolló con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública.

Innova Next SLU, la sociedad en la que más se han concentrado las adjudicaciones de contratos públicos dentro del Grupo Barrabés, ha sido la protagonista en este caso. La UCO detalla que esta empresa ha conseguido un total de 28 contratos por un importe conjunto de 22.857.805,49 euros, lo que supone un 91,7% del total adjudicado.

En el informe se destaca que cinco administraciones u organismos públicos han adjudicado a Innova Next SLU un total de 11 contratos públicos entre 2017 y 2022. La UCO se centra en seis de ellos, donde se incluye el contrato con Red.es que ha generado controversia.

En el caso del contrato con Red.es, la UTE en la que participaba Innova Next SLU consiguió la mayor puntuación global ponderada, alcanzando un 9,67. Las otras cuatro empresas licitadoras lograron puntuaciones inferiores. El contrato, formalizado en abril de 2021 por un precio de 2.149.200 euros, fue modificado posteriormente y alcanzó los 2.360.000 euros.

La Guardia Civil advierte en su informe que las conclusiones están sujetas a la valoración que haga la autoridad judicial para determinar posibles irregularidades en la tramitación, adjudicación o ejecución de los contratos.