Fiscales del 'procés' rechazan amnistía para malversación, permiten para desobediencia y desórdenes

Fiscales del 'procés' rechazan la aplicación de la ley de amnistía en casos de malversación

Los fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio del 'procés' han trasladado al fiscal general del Estado su opinión sobre la ley de amnistía aprobada en el Congreso, rechazando su aplicación en casos de malversación. A pesar de esto, consideran que sí se puede aplicar a los delitos de desobediencia y desórdenes públicos, según fuentes fiscales consultadas.

En este sentido, el criterio de los fiscales del 'procés' afectaría directamente a figuras como Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Todos ellos se encuentran en situaciones judiciales complicadas, con órdenes de detención activas y condenas por malversación o desobediencia.

Los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno han comunicado su postura al fiscal general del Estado en una reunión celebrada recientemente. En este encuentro, también se mostraron en contra de que la amnistía conlleve el alzamiento de las medidas cautelares y órdenes de detención como primer paso.

Por otro lado, la ley de amnistía busca exonerar actos tipificados como delitos de usurpación de funciones públicas o de malversación en el contexto del independentismo catalán. Sin embargo, los fiscales del 'procés' no consideran viable su aplicación en estos casos concretos.

En cuanto a la aplicación de la ley, se establece un plazo máximo de dos meses para que los tribunales la apliquen. En este sentido, el Tribunal Supremo y los juzgados de Cataluña son los que acumulan la mayoría de las causas relacionadas con el proceso independentista.

En resumen, la postura de los fiscales del 'procés' marca un punto de inflexión en la interpretación de la ley de amnistía, especialmente en lo que respecta a los delitos de malversación. La decisión final sobre su aplicación quedará en manos de los tribunales, quienes deberán consultar a las partes del procedimiento, incluida la Fiscalía, antes de adoptar cualquier decisión.