Gobierno recurre ley de Aragón que elimina placas de campos de concentración

Recurso ante el Tribunal Constitucional por la ley de Concordia en Aragón

El Gobierno presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional para frenar la ley de Concordia aprobada por el gobierno autonómico de Aragón de PP y Vox. Según ha informado el ministro del ramo, Ángel Víctor Torres, esta decisión se ha tomado tras tres meses de intentos fallidos de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo autonómico. La norma, publicada en el Boletín Oficial de Aragón, ha generado controversia al retirar placas de señalización de campos de concentración y lugares de memoria, así como el mapa de fosas comunes.

Intentos de diálogo fallidos

El ministro Torres ha explicado que el Gobierno intentó abrir un diálogo formal con Aragón para llegar a un acuerdo, pero la administración regional rechazó sentarse a la mesa a negociar. Esta falta de disposición al diálogo ha sido calificada como "algo inusual" por parte del ministro. Ante la negativa de Aragón a llegar a un consenso, el Gobierno ha decidido recurrir al Tribunal Constitucional para frenar la aplicación de la ley de Concordia.

Aval del Consejo de Estado

El recurso presentado ante el Tribunal Constitucional cuenta con el aval del Consejo de Estado, que respalda la posición del Gobierno en este asunto. Según ha señalado el ministro Torres, la norma aprobada por el gobierno autonómico de Aragón plantea medidas que afectan a la memoria histórica y a la señalización de lugares de importancia histórica. El Ejecutivo considera que estas medidas son contrarias a la legislación vigente y por ello ha decidido recurrir al máximo órgano judicial.

Reproches al gobierno autonómico

El Gobierno ha reprochado al gobierno autonómico de Aragón su falta de disposición al diálogo y su negativa a negociar para llegar a un acuerdo. Según el ministro Torres, la ley de Concordia aprobada por Aragón plantea medidas que van en contra de la preservación de la memoria histórica y la señalización de lugares de importancia histórica. Ante esta situación, el Gobierno ha decidido recurrir al Tribunal Constitucional para frenar la aplicación de la norma.