CERMI Mujeres insta a incluir discapacidad en políticas contra trata humana

Políticas públicas contra la trata y explotación de seres humanos: la importancia de incluir la discapacidad, la infancia y el género

La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha solicitado que las políticas públicas contra la trata y la explotación de seres humanos tengan un indicativo de discapacidad, así como una perspectiva de infancia y de género. Esta petición surge tras retomar el Gobierno el anteproyecto de Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos de la pasada legislatura.

En un encuentro reciente, la consultora externa de FCM, Beatriz Sagrado, ha destacado la necesidad de realizar cambios sustanciales en muchos de los apartados del proyecto de ley. En este sentido, ha resaltado que la discapacidad, ya sea intelectual o física, es utilizada como reclamo por aquellos que se dedican a la explotación de seres humanos.

La inclusión de la discapacidad en las políticas públicas es una propuesta basada en la investigación diagnóstica, que señala que las mujeres y niñas con discapacidad explotadas sexualmente están silenciadas. Por tanto, se solicita que el enfoque de la discapacidad se integre de forma práctica en todos los procedimientos y protocolos de detección, identificación, protección y atención.

La senadora del Grupo Parlamentario Socialista, Araceli Martínez, ha enfatizado la necesidad de reducir la demanda de explotación, no solo a través de leyes, sino también con medidas concretas. Por su parte, la asesora del Ministerio de Igualdad, Belén Gallo, ha señalado que el anteproyecto de Ley orgánica contra la trata abarca "todas las formas de trata", aunque no se ha establecido un calendario oficial para su implementación.

Durante el debate, la directora de asistencia integral de las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual (Apramp), Rocío Mora, ha explicado cómo la explotación afecta a las niñas y mujeres con discapacidad. Ha introducido el concepto de "crimen organizado y mafias" en este contexto, destacando la demanda terrorífica que representa la discapacidad en este ámbito.

Además de la discapacidad, se ha resaltado la importancia de incluir una perspectiva de infancia y de género en las políticas públicas contra la trata y la explotación de seres humanos. Las ponentes han señalado que si estos factores no se tienen en cuenta en la Ley, las personas con discapacidad no podrán acceder a sus derechos de forma adecuada.

En este sentido, se ha subrayado la necesidad de que las organizaciones especializadas también participen en este asunto, no dejándolo únicamente en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estas organizaciones cuentan con la formación necesaria para abordar de manera eficaz la problemática de la trata y la explotación de seres humanos.