PP propone ley para promover solidaridad interregional y rechazar pactos independentistas
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El PP propone una nueva ley para promover la solidaridad interregional como valor constitucional
El Partido Popular ha presentado una nueva proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, en la que insta al Gobierno a ratificar la solidaridad entre Comunidades Autónomas como un "valor constitucional" fundamental. Según el PP, esta medida es necesaria ante las supuestas "cesiones" del Gobierno a formaciones independentistas que no respetan la Constitución ni la legislación vigente.
En la propuesta, los 'populares' argumentan que es esencial blindar la igualdad de todos los españoles ante la ley y promover la cooperación entre las distintas administraciones públicas. Advierten que los desequilibrios y tensiones territoriales recientes han puesto en "riesgo" la cohesión social y la convivencia en España, agravados por las supuestas concesiones del ejecutivo de Pedro Sánchez a los partidos independentistas.
Las consecuencias de los pactos con independentistas en la cohesión territorial
El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, considera que los pactos del Gobierno con los partidos independentistas perjudican al resto de comunidades autónomas y rompen la igualdad y solidaridad entre territorios. Según el partido, es inaceptable priorizar intereses partidistas sobre los generales y conceder privilegios a unos pocos en perjuicio del resto.
Por tanto, desde el PP se reclama al Gobierno que reconozca y reivindique la solidaridad interregional como un valor constitucional esencial, garantizando así la prestación de servicios públicos de calidad para todos los ciudadanos. Además, se insta a impulsar el diálogo y la colaboración entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas para mejorar la coordinación en la prestación de servicios esenciales como sanidad, educación y dependencia.
Más recursos financieros para las administraciones territoriales
Otra de las demandas del PP es que se dote a las administraciones territoriales de recursos financieros suficientes y adecuados para que puedan ejercer sus competencias de manera equitativa y transparente, garantizando la prestación de servicios con eficiencia y rendición de cuentas. Asimismo, se pide fomentar la participación ciudadana y la implicación de agentes sociales en el diseño y evaluación de políticas públicas que afecten a los servicios esenciales.
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