Ministerio de Justicia urge CGPJ a entregar informe para reforma penal

El Ministerio de Justicia insta al CGPJ a agilizar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

El Ministerio de Justicia, bajo la dirección de Félix Bolaños, ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que acelere la entrega del informe pendiente desde 2021 sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que otorga a los fiscales la responsabilidad de las investigaciones penales. Esta petición se ha realizado con la intención de avanzar en la tramitación parlamentaria de esta ley, que presenta importantes cambios en el sistema judicial español.

El plazo de una semana establecido por el Gobierno para la entrega del informe por parte del CGPJ se ha considerado "inviable" debido a la complejidad del proceso de redacción. A pesar de las insistencias por parte del Ministerio de Justicia, las fuentes consultadas indican que el órgano de gobierno de los jueces continúa trabajando en la elaboración del informe, que implica una gran dificultad técnica y jurídica.

Antecedentes y obstáculos en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Esta no es la primera vez que el Ministerio de Justicia solicita al CGPJ que agilice la redacción del informe pendiente desde 2021. En octubre de 2022, la entonces ministra Pilar Llop ya había expresado la necesidad de contar con el informe para avanzar en la tramitación de la ley. El retraso en la entrega de este informe ha sido identificado como el principal obstáculo para la implementación del nuevo modelo de procedimiento en los procesos penales en España.

El cambio más significativo propuesto en el borrador de la LeCrim es la transición del juez instructor al fiscal instructor, otorgando a los fiscales la dirección de las investigaciones penales. Sin embargo, se contempla la intervención de un juez de garantías para autorizar aquellas medidas que puedan afectar a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esta modificación busca modernizar y agilizar el sistema judicial, adaptándolo a las necesidades actuales y garantizando una mayor eficacia en la administración de justicia.

El Grupo de Trabajo Interinstitucional creado por el Ministerio de Justicia para revisar el anteproyecto de la LeCrim está compuesto por diversas instituciones y expertos del ámbito jurídico. Esta iniciativa surgió tras conocerse el informe de la Fiscalía, que señalaba la necesidad de ajustar el proyecto a las demandas del Ministerio Fiscal. La colaboración entre el CGPJ, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio del Interior, el Consejo de la Abogacía, expertos universitarios y el Consejo General de Procuradores es fundamental para garantizar la coherencia y efectividad de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.