Conflicto constitucional entre Senado y Congreso por ley de amnistía propuesta

Conflicto constitucional entre el Senado y el Congreso por la proposición de ley de amnistía

El Partido Popular ha dado un paso más en su enfrentamiento con el Congreso al registrar un escrito dirigido a la Mesa del Senado en el que plantean un conflicto entre órganos constitucionales por la proposición de ley de amnistía. Esta maniobra política ha generado un ambiente de tensión en el Senado, donde los 'populares' cuentan con mayoría absoluta y esperan que el Pleno del próximo 2 de abril apruebe formalmente la solicitud de conflicto de competencias al Congreso.

Desde el PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, se argumenta que la proposición de ley de amnistía presentada en el Congreso pretende eludir los mecanismos establecidos en la Constitución para su aprobación. Según fuentes del partido, la intención de los proponentes de la ley sería reducir las mayorías necesarias para su aprobación y evitar la posible oposición del Senado en un procedimiento simétrico entre ambas Cámaras.

El informe de los letrados del Senado ha sido clave en esta estrategia del PP, ya que señala la posibilidad de plantear un conflicto entre órganos constitucionales como una vía para paralizar la tramitación de la proposición de ley de amnistía. Esta situación ha generado un debate jurídico y político en el Senado, donde se cuestiona la legitimidad y la legalidad de la propuesta presentada en el Congreso.

En el escrito elevado a la Mesa del Senado, el Partido Popular apela a la necesidad de preservar el orden constitucional y evitar que se vulneren los principios fundamentales que rigen el sistema democrático. Según los 'populares', la pretensión de la proposición de ley de amnistía de eludir los mecanismos constitucionales establecidos representa un riesgo para la estabilidad institucional y el Estado de Derecho.

La situación actual ha generado incertidumbre en el Senado, donde se espera una respuesta por parte del Congreso en un plazo máximo de 30 días. En caso de que la respuesta sea negativa o no se produzca, el siguiente paso sería llevar el conflicto de competencia al Tribunal Constitucional, lo que podría suponer un nuevo capítulo en la confrontación entre el PP y el Congreso.