Congreso aprueba medidas urgentes para crisis energética y empleo

Convalidación del Decreto Ley para Afrontar la Crisis Energética por la Guerra en Irán

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde al Real Decreto-ley 7/2026, aprobado por el Gobierno en un Consejo de Ministros extraordinario, en respuesta a la crisis generada por la guerra en Irán. Este conflicto ha provocado una notable tensión en los mercados energéticos, elevando los precios del gas y del petróleo a niveles alarmantes. La aprobación de este decreto es un paso crucial para mitigar el impacto económico que la guerra está teniendo en los hogares y empresas españolas.

Medidas Económicas para 2026: Un Plan Integral de Respuesta

El Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, que movilizará más de 5.000 millones de euros, se implementará en varias fases y se revisará periódicamente para adaptarse a la evolución del conflicto. Entre las medidas más destacadas, se encuentra la reducción del IVA en productos energéticos, que busca aliviar la carga económica sobre los ciudadanos.

El Gobierno ha previsto un conjunto de medidas que se extenderán hasta 2026, con posibilidad de prórroga si la situación lo requiere.

Reducción del IVA en Productos Energéticos

Una de las medidas más significativas es la bajada del IVA del 21% al 10% en gasolina, gasóleo, gas natural y electricidad. Esta reducción se extiende también al impuesto sobre pellets y leña, que se fijará en el 10%. La intención es clara: aliviar la factura energética de los hogares y las empresas, que se ha visto gravemente afectada por el aumento de los precios de la energía.

Deducciones Fiscales para la Rehabilitación Energética y Vehículos Eléctricos

El decreto también restablece las deducciones fiscales en el IRPF para la rehabilitación energética de viviendas, permitiendo a los contribuyentes acogerse a deducciones del 30% y del 40%. Además, se reintroduce la deducción del 15% para la compra de coches eléctricos, con un límite de 20.000 euros, siempre que no se utilicen para actividades económicas.

Ampliación del Bono Social Eléctrico

El Gobierno ha decidido ampliar el bono social eléctrico, que proporciona descuentos significativos a los consumidores vulnerables. Para el año 2026, se espera un descuento del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para aquellos en situaciones más críticas. Además, se establece una ayuda mínima del bono térmico, que aumentará a 50 euros, y se prohibirá el corte del suministro energético a los hogares más vulnerables mientras dure el plan.

Congelación de Precios de Butano y Propano

Otra medida importante es la congelación del precio de la bombona de butano y del propano durante todo 2026. Esta decisión busca proteger a los hogares que dependen de estos combustibles de las fluctuaciones en los precios de la energía, garantizando así un suministro más estable y asequible.

Suspensión de Impuestos Energéticos

El Congreso ha prorrogado la suspensión del Impuesto del 7% sobre la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) y ha reducido el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) al mínimo europeo, que es del 0,5%. Esta medida, junto con una bonificación del 80% en los peajes eléctricos para la industria electrointensiva, busca aliviar la carga fiscal sobre las empresas más afectadas por el aumento de los precios de la energía.

El objetivo de estas medidas es proporcionar un alivio fiscal inmediato a los sectores más vulnerables y afectados por la crisis energética.

Rebaja en el Impuesto a los Hidrocarburos

El paquete de medidas también incluye una rebaja en la carga fiscal sobre los hidrocarburos, que se reducirá al mínimo permitido por la Unión Europea. Esta reducción está destinada a aliviar el coste de los combustibles utilizados por el transporte profesional y otros sectores expuestos al encarecimiento de la energía. Sin embargo, estas reducciones son excepcionales y estarán condicionadas a la evolución del índice de precios al consumo.

Ayudas Directas a Sectores Afectados

El plan contempla una ayuda directa de 20 céntimos por litro para sectores particularmente afectados, como transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. Esta ayuda será gestionada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales en el País Vasco y Navarra. También se prevé una asistencia equivalente para la compra de fertilizantes, con el fin de contener los precios de los productos agrícolas y, por ende, de la cesta de la compra.

Impulso a la Energía Verde y Sostenible

El Gobierno ha decidido fomentar el uso de energías renovables a través de bonificaciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de hasta el 50% para construcciones que utilicen sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar. Además, se ofrecerá una bonificación de hasta el 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para obras que incorporen estos sistemas.

Prohibición de Despidos por Efectos Económicos de la Guerra

Una de las medidas más relevantes del plan es la prohibición de despidos objetivos en empresas que se vean afectadas por la crisis económica derivada de la guerra en Irán. Esta medida se extiende también a aquellas empresas que reciban ayudas públicas relacionadas con el conflicto, buscando proteger el empleo en un contexto de incertidumbre económica.

Control de Márgenes Empresariales

El Gobierno ha reforzado las capacidades de supervisión y sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Se establecerán limitaciones a los márgenes de beneficio de las empresas que reciban ayudas del plan, garantizando que no se aprovechen de la situación para incrementar sus beneficios a costa de los consumidores.

Planes de Movilidad Sostenible en las Empresas

El decreto también adelanta el plazo para la implementación de planes de movilidad sostenible en las empresas, reduciendo el tiempo de 24 a 12 meses. Las empresas y entidades públicas con más de 200 trabajadores, o 100 por turno, deberán contar con estos planes antes del 5 de diciembre de 2026. Esta medida busca fomentar el uso de medios de transporte sostenibles y reducir la huella de carbono de las empresas.

Impulso a la Construcción de Vivienda Pública

Por último, se introduce una modificación en la Ley de Contratos del Sector Público para facilitar la construcción de vivienda pública y asequible. Este cambio normativo busca simplificar y flexibilizar el marco legal, promoviendo la colaboración público-privada en la construcción de viviendas asequibles en suelos de titularidad pública.

El conjunto de estas medidas refleja un esfuerzo coordinado del Gobierno para hacer frente a la crisis energética derivada del conflicto en Irán, buscando proteger a los sectores más vulnerables y garantizar un suministro energético estable y asequible para todos los ciudadanos.