Nuevo decreto protege a familias vulnerables de desahucios hasta 2026

Aprobación del Nuevo Real Decreto Ley de Escudo Social: Medidas para Proteger a los Vulnerables

El Consejo de Ministros ha dado un paso significativo en la protección de los ciudadanos más vulnerables al aprobar un nuevo real decreto ley de escudo social. Esta iniciativa busca extender la protección ante desahucios hasta el 31 de diciembre de 2026, un movimiento que responde a la creciente preocupación por la situación de muchas familias que enfrentan la pérdida de su hogar.

Prórroga de la Protección Contra Desahucios

La principal novedad de este decreto es la prórroga de la protección extraordinaria para aquellos que se encuentran en riesgo de desahucio y que no disponen de una alternativa habitacional. Esta medida se aplica específicamente a las personas que residen en viviendas pertenecientes a fondos buitre, grandes tenedores o propietarios de tres o más viviendas. Sin embargo, se excluyen de esta protección a los arrendadores que posean solo una o dos propiedades, siguiendo un acuerdo alcanzado con el PNV.

La medida busca ofrecer un respiro a las familias que, debido a su situación económica, no pueden hacer frente al pago de su alquiler.

Condiciones de Vulnerabilidad y Proceso Judicial

El decreto mantiene las condiciones establecidas desde su implementación en 2020. Para que se active la protección, es necesario que el arrendatario acredite su situación de vulnerabilidad. Esto significa que, si un inquilino no puede pagar su alquiler, los servicios sociales deben certificar su situación para que el escudo social se aplique. En caso de que el propietario alegue una situación de vulnerabilidad superior, las administraciones públicas deberán ofrecer una alternativa habitacional.

El proceso judicial se activa cuando un inquilino no cumple con sus obligaciones de pago. En estos casos, el Gobierno ha dejado claro que la morosidad se debe resolver a través de los tribunales, ya que no se puede considerar vulnerabilidad si el impago se debe a una falta de voluntad. Esto es crucial para evitar abusos del sistema y asegurar que la protección se dirija a quienes realmente lo necesitan.

Exclusiones y Situaciones de Usurpación

El nuevo decreto también establece claramente las situaciones que quedan excluidas de la protección. En caso de que un inquilino ocupe una vivienda sin un contrato de alquiler, se pueden dar dos escenarios: el allanamiento, si se trata de la vivienda habitual del propietario, o la usurpación, si es una vivienda vacía. En ambos casos, se activa la vía judicial, aunque el escudo social se puede aplicar si la persona que habita la vivienda es vulnerable y la propiedad pertenece a un gran tenedor.

La intención es proteger a los más desfavorecidos, pero también es fundamental mantener un equilibrio para no perjudicar a los propietarios que se encuentran en una situación vulnerable.

Medidas de Apoyo a Propietarios y Arrendadores

El real decreto no solo se centra en la protección de los inquilinos, sino que también contempla medidas para los propietarios y arrendadores. Se ha establecido un sistema de compensaciones que se calculará en función del valor medio de mercado y otros criterios objetivos. Esto tiene como objetivo mitigar el impacto económico que puede suponer la imposibilidad de ejecutar desahucios en casos de vulnerabilidad.

Además, se ha creado una línea de avales y subvenciones para cubrir impagos, dotada con 300 millones de euros. Esta línea de apoyo está diseñada para ayudar a los propietarios que, debido a la situación económica de sus inquilinos, no pueden hacer frente a sus propias obligaciones financieras.

Ratificación del Congreso y Plazos

El nuevo real decreto ley entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque deberá ser ratificado por el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 30 días. Este proceso de ratificación es fundamental para garantizar la legitimidad y el respaldo político de las medidas adoptadas.

Impacto en las Familias Vulnerables

Desde la implementación del escudo social en 2020, el Gobierno estima que la paralización de desahucios ha permitido que entre 50.000 y 60.000 familias vulnerables mantengan su hogar. Esta cifra resalta la importancia de la medida y su impacto en la vida de muchas personas que, de otro modo, habrían enfrentado la pérdida de su vivienda.

Las familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica y social podrán beneficiarse de esta prórroga, lo que les permitirá vivir con mayor tranquilidad en un contexto económico incierto.

Colaboración con Servicios Sociales

Los servicios sociales jugarán un papel crucial en la implementación del escudo social. Serán responsables de evaluar la situación de vulnerabilidad de los inquilinos y de ofrecer alternativas habitacionales en caso de que se confirme la situación de riesgo. Este enfoque colaborativo entre diferentes administraciones es fundamental para asegurar que las medidas se apliquen de manera efectiva y justa.

Protección de los Pequeños Propietarios

Una de las características más destacadas del nuevo decreto es la protección de los pequeños propietarios. Al no extender la prohibición de desahucios a aquellos que poseen solo una o dos viviendas, el Gobierno busca equilibrar la protección de los inquilinos vulnerables con el derecho de los propietarios a gestionar sus propiedades. Esta medida ha sido bien recibida por muchos en el sector inmobiliario, que ven en ella un reconocimiento a sus derechos.

Condiciones de Exclusión de la Protección

El real decreto también especifica las condiciones bajo las cuales no se aplicará la protección. Esto incluye situaciones en las que haya indicios de que la vivienda se utiliza para actividades ilícitas, así como casos en los que la entrada o permanencia en la vivienda se haya producido mediante intimidación o violencia. Estas exclusiones son esenciales para evitar abusos del sistema y asegurar que los recursos se dirijan a quienes realmente los necesitan.

Compensaciones y Apoyo Económico

Las compensaciones para los arrendadores que no pueden ejecutar desahucios debido a la vulnerabilidad de sus inquilinos son una parte integral del nuevo decreto. Este sistema de compensación está diseñado para aliviar la carga económica que puede suponer la imposibilidad de recuperar la propiedad. Las comunidades autónomas serán responsables de determinar el monto de estas compensaciones, lo que permite una mayor flexibilidad y adaptación a las realidades locales.

Conclusión de un Proceso Necesario

La aprobación de este nuevo real decreto ley de escudo social es un paso importante en la protección de las familias vulnerables en España. Con medidas que buscan equilibrar los derechos de inquilinos y propietarios, el Gobierno demuestra su compromiso con la justicia social y la necesidad de garantizar un hogar para todos. La colaboración entre administraciones y la evaluación continua de las situaciones de vulnerabilidad serán claves para el éxito de esta iniciativa.