Ministerio de Trabajo debate aumento del Salario Mínimo Interprofesional

Reunión clave para el futuro del Salario Mínimo Interprofesional en España

El Ministerio de Trabajo y Economía Social se prepara para una reunión crucial que tendrá lugar mañana a las 10:00 horas. Este encuentro, que reunirá a los principales agentes sociales del país, tiene como objetivo avanzar en las negociaciones para la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el año 2026. La ministra Yolanda Díaz ha manifestado su deseo de cerrar este acuerdo lo antes posible, lo que refleja la urgencia y la importancia de este tema en la agenda política actual.

La reunión es un paso importante hacia la definición del nuevo SMI, que impactará a millones de trabajadores en España.

Propuesta de incremento del SMI: un 3,1% en el horizonte

En la última reunión celebrada el pasado 7 de enero, se presentó una propuesta que ha generado un intenso debate. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, sugirió un incremento del 3,1% en el SMI, lo que elevaría su cuantía a 1.221 euros mensuales por catorce pagas. Este aumento, que se aplicaría de forma retroactiva desde el 1 de enero, supone un incremento de 37 euros al mes respecto a la cifra actual.

Este planteamiento se alinea con las recomendaciones del Comité de Expertos que asesora al Gobierno sobre el SMI. Dicho comité había sugerido que, si el SMI continuaba exento de tributación, el incremento debería ser del 3,1%, mientras que si se decidiera tributar, el aumento podría ser del 4,7%. La discusión sobre la tributación del SMI es un punto crucial en las negociaciones, ya que afecta directamente a los ingresos de los trabajadores.

Condiciones para el acuerdo: la postura de la CEOE

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha mantenido una postura cautelosa durante las negociaciones. A pesar de ello, el Ministerio de Trabajo ha mostrado disposición a estudiar "seriamente" la relajación de la Ley de Desindexación en los contratos públicos, una demanda que tanto sindicatos como patronales han defendido. Esta medida es vista como un posible incentivo para que la CEOE apoye la propuesta de aumento del SMI.

La indexación del salario mínimo a los contratos públicos ha sido un tema recurrente en las discusiones, y el Ministerio de Trabajo ha defendido la necesidad de encontrar un equilibrio que permita incluir reglas de afectación y relajación del impacto salarial en la contratación pública. Sin embargo, esta idea ha encontrado resistencia en el Ministerio de Hacienda, lo que ha complicado las negociaciones.

Discrepancias internas en el Gobierno

Yolanda Díaz ha reconocido que existen diferencias con el ala socialista del Gobierno en relación a las negociaciones del SMI. No obstante, ha afirmado que se está trabajando en una propuesta conjunta con el Ministerio de Hacienda para abordar la indexación del SMI. Este aspecto es fundamental para garantizar que el salario mínimo se mantenga en línea con el coste de vida y las recomendaciones internacionales.

La negociación del SMI es un reflejo de las tensiones internas en el Gobierno, pero también de la necesidad de llegar a un consenso que beneficie a los trabajadores.

Expectativas de los sindicatos y la patronal

Los sindicatos, representados por CCOO y UGT, han propuesto un incremento del 7,5% con tributación en el IRPF. Sin embargo, la propuesta del Gobierno de un aumento del 3,1% sin tributación es vista como un avance, ya que se sitúa por encima de la inflación media prevista para 2025, que es del 2,7%. Esto permitiría a los trabajadores cubrir el aumento del coste de vida, alineándose con el objetivo de garantizar el 60% del salario medio neto que establece la Carta Social Europea.

Por otro lado, la CEOE ha propuesto un incremento más moderado del 1,5%, lo que llevaría el SMI a 1.202 euros brutos al mes. Este enfoque más conservador refleja la preocupación de la patronal por el impacto que una subida significativa del SMI podría tener en las pequeñas y medianas empresas.

Desafíos en la negociación del SMI y la reforma laboral

La intención del Ministerio de Trabajo es no solo aprobar la subida del SMI, sino también avanzar en la reforma de las reglas de absorción y compensación salarial. Esta reforma es demandada por los sindicatos y busca adaptar la legislación española a la directiva europea sobre salarios mínimos. Sin embargo, alcanzar un acuerdo tripartito en este aspecto se presenta como un reto, dado que la CEOE se opone a esta reforma.

El Ministerio de Trabajo no está obligado a negociar el incremento del SMI, aunque suele buscar un consenso con sindicatos y empresarios. La última vez que la CEOE respaldó un aumento del SMI fue en 2020, cuando se aprobó un incremento de 900 a 950 euros mensuales. Desde entonces, el aumento del SMI ha sido acordado únicamente con los sindicatos.

La situación actual del SMI en 2026

A medida que se aproxima la reunión, el SMI para el año 2026 se mantiene en la misma cifra que concluyó 2025, es decir, 1.184 euros al mes por catorce pagas. Este importe fue fijado tras un acuerdo alcanzado en febrero de 2025, que se aplicó de manera retroactiva desde el 1 de enero de ese año. Este incremento del 4,4% fue fruto de un pacto entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, aunque no contó con el apoyo de la patronal.

El Ministerio de Hacienda ha mostrado apertura a analizar la actualización de la deducción vigente en el IRPF para adaptarla a la subida del SMI. Esta disposición es clave, ya que podría influir en la aceptación de la propuesta por parte de los sindicatos y la patronal.

El futuro del SMI: un tema de interés nacional

La negociación del SMI es un tema de gran relevancia en la agenda política y social de España. Afecta directamente a millones de trabajadores y sus familias, y su resolución tiene implicaciones económicas significativas. La presión para llegar a un acuerdo es alta, y tanto los sindicatos como la patronal están atentos a los movimientos del Ministerio de Trabajo.

La próxima reunión será decisiva para definir el rumbo del SMI en 2026. Con el contexto económico actual y las diferentes posturas de los agentes sociales, el resultado de estas negociaciones será un reflejo de la capacidad del Gobierno para gestionar las tensiones entre los intereses de los trabajadores y las preocupaciones de las empresas. La atención estará centrada en cómo se desarrollarán las conversaciones y si se logrará un acuerdo que satisfaga a todas las partes implicadas.