Tribunal de Cuentas denuncia opacidad en nombramientos de empresas públicas

El Tribunal de Cuentas alerta sobre la falta de transparencia en nombramientos de empresas públicas

El Tribunal de Cuentas ha emitido un informe que pone de manifiesto serias irregularidades en la gestión del personal directivo de hasta nueve empresas públicas que forman parte del Grupo Patrimonio, el cual depende del Ministerio de Hacienda. Este organismo fiscalizador ha detectado que no se justifica adecuadamente la idoneidad de los candidatos para los puestos directivos, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia y la equidad en los procesos de selección.

La falta de criterios claros y homogéneos en los procesos de selección de personal directivo es una de las principales preocupaciones del informe.

Un panorama preocupante en la gestión de recursos humanos

El Grupo Patrimonio está constituido por un conjunto diverso de empresas públicas que operan en sectores no industriales. Estas entidades tienen la función de ser herramientas flexibles para la ejecución de políticas públicas y de servir a los departamentos a los que están adscritas. Sin embargo, el informe del Tribunal de Cuentas, que abarca los ejercicios 2016 y 2017, ha revelado que la situación en el área de recursos humanos es alarmante.

El Tribunal realizó un exhaustivo análisis sobre la gestión de recursos humanos en estas empresas y formuló una serie de recomendaciones. De las quince recomendaciones emitidas, el organismo ha verificado que, a finales de septiembre de 2025, el grado de cumplimiento es insatisfactorio. A pesar de que se ha alcanzado un cumplimiento del 36% de las recomendaciones, hay un número significativo que continúa sin ser atendido.

Dificultades en la gestión del personal directivo

El informe destaca que uno de los ámbitos con mayores dificultades para cumplir las recomendaciones es la gestión del personal de alta dirección. Esto incluye tanto los sistemas retributivos como los procesos de selección. La falta de criterios homogéneos y de garantías de concurrencia y transparencia es un obstáculo que ha impedido una adecuada gestión en este ámbito.

Una de las recomendaciones más críticas emitidas por el Tribunal es que las designaciones y ceses del personal directivo deben ir acompañados de una motivación que justifique tales decisiones. Además, se requiere que se presenten los méritos de los candidatos y su idoneidad para el puesto. Sin embargo, muchas empresas, como Paradores, Loterías y Apuestas del Estado, y Senasa, entre otras, no han cumplido con esta recomendación.

La falta de justificación en los nombramientos directivos no solo afecta a la transparencia, sino que también pone en entredicho la competencia de los elegidos para sus puestos.

Empresas que no cumplen con las recomendaciones

El informe del Tribunal de Cuentas ha señalado a varias empresas que no están cumpliendo con las recomendaciones. Entre ellas se encuentran:

• Paradores
• Loterías y Apuestas del Estado
• Senasa
• Acción Cultural Española
• Acuaes
• Segipsa
• Seiasa
• Iepse
• Secegsa

Por otro lado, la Empresa Nacional de Innovación (Enisa) ha comenzado a implementar las recomendaciones, mientras que Expasa Agricultura y Ganadería ha cumplido de manera parcial. En el caso del Canal de Navarra y Rumasa, no se aplica la recomendación al no contar con personal directivo.

Empresas que cumplen con las recomendaciones del Tribunal

A pesar de las numerosas irregularidades, hay algunas empresas que sí han seguido las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Entre ellas se encuentran:

• Acuamed
• Segittur
• Seitt

La empresa Seitt, por ejemplo, ha nombrado en 2024 a Juan Manuel Serrano, ex presidente de Correos, como director general, lo que indica un intento por parte de la empresa de cumplir con las recomendaciones y mejorar su gestión.

Retribuciones y contratos sin justificación adecuada

El informe también revela que ninguna de las empresas del Grupo Patrimonio cumple con la recomendación de que las nóminas del personal directivo se ajusten a los conceptos retributivos estipulados en sus contratos. Esto genera un entorno de incertidumbre y desconfianza entre los empleados y la ciudadanía en general.

Además, se ha señalado que los contratos no se redactan siguiendo el modelo propuesto por la Dirección General del Patrimonio del Estado, lo que implica que no se están reconociendo adecuadamente los derechos de los funcionarios, como el derecho a la percepción de trienios. Esta falta de claridad y organización en los contratos puede tener repercusiones graves en la moral y la motivación del personal.

Recomendaciones para mejorar la gestión del personal

El Tribunal de Cuentas ha instado a Paradores a modificar su sistema de selección de personal temporal. Se sugiere la creación de bolsas de trabajadores mediante convocatoria pública, lo que permitiría un acceso más equitativo y transparente a las oportunidades laborales. Asimismo, se recomienda que se establezca un sistema de remuneración más sencillo y transparente, vinculado a las características del puesto ocupado.

Estas recomendaciones son cruciales para garantizar que el proceso de selección de personal sea justo y que los empleados sean remunerados de acuerdo con sus responsabilidades y méritos. La implementación de estas sugerencias podría ayudar a restaurar la confianza en la gestión de las empresas públicas y asegurar que se cumplan los objetivos de las políticas públicas.

El papel del Tribunal de Cuentas en la fiscalización

El Tribunal de Cuentas desempeña un papel fundamental en la supervisión y fiscalización de las empresas públicas. Su labor es esencial para garantizar que se cumplan los principios de transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos. A través de sus informes, el Tribunal no solo identifica irregularidades, sino que también proporciona recomendaciones que pueden contribuir a mejorar la gestión y el funcionamiento de estas entidades.

La importancia de su labor radica en que asegura que las decisiones tomadas en el ámbito público se basen en criterios claros y objetivos, lo que a su vez contribuye a la confianza de los ciudadanos en las instituciones. La falta de cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal puede tener consecuencias negativas no solo para las empresas implicadas, sino también para la percepción pública de la administración pública en su conjunto.

La necesidad de una reforma en la gestión de empresas públicas

La situación actual pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo una reforma integral en la gestión de las empresas públicas. Es fundamental establecer criterios claros y homogéneos para los procesos de selección y retribución del personal directivo. Además, es necesario fomentar la transparencia en la toma de decisiones y garantizar que todos los nombramientos estén debidamente justificados.

Las reformas propuestas no solo mejorarían la gestión interna de estas empresas, sino que también contribuirían a una mayor confianza por parte de la ciudadanía en las instituciones públicas. La implementación de un sistema más riguroso y transparente podría servir como modelo para otras entidades del sector público que enfrentan desafíos similares.

La mejora en la gestión de recursos humanos en las empresas públicas es un paso necesario para garantizar la eficacia y la eficiencia en la administración de los recursos públicos.

El camino hacia una gestión más transparente y eficaz en las empresas públicas es un reto que requiere la colaboración de todos los actores involucrados. La responsabilidad recae no solo en las empresas, sino también en los organismos de control y en el propio Gobierno, que debe fomentar un entorno propicio para la implementación de estas reformas.

La situación actual es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público. La implementación de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas puede ser el primer paso hacia una gestión más eficiente y responsable de los recursos públicos.