Gobierno español impulsa reformas para un sistema eléctrico sostenible

Aprobación de un nuevo real decreto-ley para el fortalecimiento del sistema eléctrico en España

El Gobierno español ha dado un paso significativo hacia la mejora y robustecimiento del sistema eléctrico del país mediante la aprobación de un nuevo real decreto-ley. Este paquete de medidas está diseñado para potenciar la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y optimizar la gestión del sistema eléctrico a través de Red Eléctrica de España (REE). Con este enfoque, se busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los distintos agentes involucrados en el sector eléctrico, así como la implementación de nuevas herramientas que refuercen la infraestructura existente.

Compromiso con la resiliencia del sistema eléctrico

En una reciente rueda de prensa, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, subrayó que este real decreto-ley es un cumplimiento del compromiso adquirido el pasado 28 de abril. Aagesen enfatizó la importancia de identificar no solo las causas del "cero eléctrico", sino también de establecer las medidas necesarias para evitar que vuelva a ocurrir. Este enfoque proactivo es crucial en un contexto geopolítico complejo, donde la estabilidad del sistema eléctrico se vuelve aún más relevante.

La implementación de un sistema eléctrico más robusto y solvente se traduce en beneficios directos para los consumidores, incluyendo facturas más estables y previsibles.

Estructura del real decreto-ley

El nuevo real decreto-ley se estructura en tres grandes bloques de actuación: refuerzo de la supervisión, control de tensión y oscilaciones, y medidas de electrificación y almacenamiento. En primer lugar, se potencia la función de supervisión de la CNMC, que ahora evaluará periódicamente las obligaciones de control de tensión de los sujetos obligados a prestar el servicio. Este 'superregulador' tendrá un plazo de seis meses para llevar a cabo una evaluación completa, la cual se actualizará cada tres meses.

Además, se ha establecido un plan de inspección extraordinario que se centrará en las capacidades de reposición, prestando especial atención a las instalaciones con arranque autónomo y las redes de distribución. Esta inspección se repetirá cada tres años, asegurando así una supervisión constante y efectiva.

Control de tensión y oscilaciones de potencia

Red Eléctrica de España también jugará un papel crucial en la implementación de este nuevo marco regulatorio. Se le encomienda la tarea de evaluar la necesidad de implementar sistemas para controlar la tensión y las oscilaciones de potencia. La normativa será revisada en función de las conclusiones obtenidas de esta evaluación. Asimismo, se le solicitará al operador del sistema que elabore propuestas para modificar las normativas relacionadas con las oscilaciones de potencia y la programación de restricciones técnicas.

Este enfoque es esencial para fortalecer la seguridad del sistema eléctrico, ya que permitirá a las autoridades anticipar y mitigar posibles problemas antes de que se conviertan en crisis. Las propuestas técnicas deberán estar listas en plazos que varían entre tres y 15 meses, mientras que las reformas normativas correspondientes deben ser aprobadas en un plazo no superior a seis meses.

Facilitación de la conexión a redes eléctricas

Uno de los objetivos clave de este real decreto-ley es facilitar la conexión a las redes eléctricas para nuevas actividades económicas, especialmente en el sector industrial. Se ha revisado la normativa de acceso y conexión de la demanda, estableciendo un plazo de caducidad de cinco años para los derechos de acceso. Esto permitirá un mayor aprovechamiento de las redes existentes y actualmente en desuso, optimizando así la infraestructura eléctrica del país.

Además, se han acortado los plazos para que las empresas eléctricas atiendan nuevos suministros, y se han adoptado disposiciones para agilizar la conexión de nuevos accesos, especialmente en lo que respecta a puntos de recarga para vehículos eléctricos. Estas medidas son fundamentales para fomentar la electrificación y el uso de energías limpias en el país.

La revisión de la normativa de acceso a redes eléctricas es un paso crucial para la modernización del sector y la promoción de nuevas iniciativas económicas.

Impulso al autoconsumo y la electrificación

El real decreto-ley también incluye medidas para fomentar el autoconsumo. Se ha incrementado la distancia máxima entre la generación y el consumo a cinco kilómetros para instalaciones menores de cinco megavatios (MW). Además, se han flexibilizado las tipologías de instalaciones y se ha introducido la figura del gestor de autoconsumo, quien podrá actuar como representante de los partícipes y facilitar las gestiones necesarias para su correcto funcionamiento.

En un esfuerzo por potenciar la electrificación industrial, el decreto incorpora la exención del 80% de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva. Esta medida, que tiene carácter retroactivo desde el pasado 23 de enero, busca apoyar a un sector que ha demostrado su eficacia en el contexto actual, marcado por la guerra en Ucrania.

Optimización de la tramitación de proyectos renovables

El real decreto-ley también aborda la tramitación de proyectos de energías renovables, facilitando su ejecución y optimizando la calidad de las instalaciones. Se busca evitar costes derivados de la competencia internacional y fomentar la renovación de instalaciones de generación. Para ello, se han reducido los plazos administrativos a la mitad, siempre que la potencia resultante sea inferior al 125% de la original.

Además, se habilitará a los ayuntamientos para aplicar deducciones del 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles y del 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para la electrificación de la climatización en comunidades de vecinos. Estas medidas están diseñadas para incentivar la inversión en energías limpias y sostenibles.

Fomento del almacenamiento y la flexibilidad

El decreto también pone un fuerte énfasis en el almacenamiento de energía, tanto a través de la hibridación en instalaciones de generación como mediante su incorporación al sistema eléctrico en general. Se agilizará la tramitación administrativa de los expedientes, especialmente en proyectos que sean competencia de la Administración General del Estado, con una reducción de los plazos a la mitad.

Asimismo, se modificará la Ley 24/2013 del sector eléctrico para incluir nuevas herramientas de flexibilidad. Una de las adiciones más significativas es la figura del agregador independiente, que combinará múltiples consumos y la electricidad generada por consumidores, productores o instalaciones de almacenamiento para su venta o compra en los mercados de electricidad. Esta figura es fundamental para optimizar el uso de la energía y contribuir a un sistema eléctrico más eficiente.

Conclusiones sobre el futuro del sistema eléctrico

Con la implementación de este nuevo real decreto-ley, el Gobierno español busca no solo fortalecer el sistema eléctrico, sino también adaptarlo a las necesidades actuales y futuras del país. Las medidas propuestas están alineadas con los objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética, y representan un compromiso firme hacia la transición ecológica.

La transformación del sistema eléctrico en España es un proceso continuo que requiere la colaboración de todos los agentes involucrados, desde las administraciones públicas hasta los consumidores finales. Con este paquete de medidas, se abre un nuevo capítulo en la historia del sector eléctrico español, uno que promete ser más eficiente, resiliente y sostenible.