Hacienda presenta 25 medidas para combatir el fraude público

Aumento del Fraude en la Contratación Pública: Propuestas del Ministerio de Hacienda

Los recientes informes del Ministerio de Hacienda han puesto de manifiesto un preocupante aumento del 18% en las denuncias relacionadas con el fraude y la corrupción en la contratación pública. Esta alarmante tendencia ha llevado a los técnicos del Ministerio, agrupados bajo el nombre de Gestha, a formular un conjunto de 25 medidas destinadas a mitigar los riesgos asociados a estas prácticas ilícitas. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), un organismo autónomo vinculado al Ministerio, ha sido clave en el análisis de los indicadores que reflejan esta situación.

Medidas Organizativas para el Control Efectivo

Una de las propuestas más destacadas es la necesidad de definir claramente las funciones y responsabilidades de los puestos de trabajo dentro de las administraciones públicas. Esto es fundamental para asegurar que la función fiscalizadora y de control de la Intervención General del Estado (IGAE) y de las intervenciones forales, autonómicas y locales se lleve a cabo de manera efectiva.

Gestha también ha instado a que se incrementen las plantillas de la IGAE, la Agencia Tributaria (AEAT) y otros servicios tributarios autonómicos, alineándolas con la media de los países europeos. La falta de personal técnico especializado en España ha sido identificada como un obstáculo significativo para el control de las irregularidades en la contratación pública.

La formación especializada para estos técnicos es crucial para garantizar un control eficaz y adaptado a las necesidades del país.

Refuerzo de las Agencias Antifraude

Otro aspecto crítico que se aborda en las propuestas es el fortalecimiento de las agencias antifraude en diversas comunidades autónomas. Gestha ha señalado la necesidad de aumentar el personal técnico investigador en las oficinas y agencias antifraude de regiones como Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra. Esto es especialmente urgente debido a la crisis que enfrenta la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana (AVAF), que ha sufrido cambios en su estructura y en la forma de nombramiento de su director.

Además, se recomienda la creación de nuevas agencias antifraude en comunidades que aún no cuentan con ellas, como Aragón, Asturias y Castilla-La Mancha. Estas agencias deben estar dotadas de personal y recursos suficientes para cumplir con sus funciones de investigación y control.

Recuperación de Oficinas de Prevención de la Corrupción

Gestha también ha subrayado la importancia de recuperar la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares, que fue eliminada por el Parlamento Balear en marzo de 2024. La reinstauración de estas oficinas es vista como un paso necesario para mejorar la vigilancia y el control de la corrupción en el ámbito local. Se propone, además, la creación de oficinas antifraude en municipios de más de 200.000 habitantes, como ya se ha hecho en Madrid y Barcelona.

Estas oficinas locales tendrían la responsabilidad de supervisar la contratación pública en grandes ciudades como Sevilla, Málaga y Valencia, entre otras. La creación de estas entidades independientes se considera esencial para abordar de manera eficaz los problemas de corrupción a nivel municipal.

Coordinación entre Órganos de Control

La colaboración entre los distintos órganos de control del gasto es otro de los aspectos que Gestha ha enfatizado. La coordinación efectiva entre las administraciones territoriales y el Tribunal de Cuentas es fundamental para garantizar que se realicen auditorías y controles de manera eficaz. Esto no solo mejorará la transparencia, sino que también facilitará la detección temprana de irregularidades.

Estrategia Nacional de Antifraude

En el ámbito de las medidas preventivas, los técnicos han propuesto la aprobación de una Estrategia Nacional de Antifraude que unifique criterios y actuaciones entre las diversas oficinas y agencias antifraude. Este enfoque coordinado permitiría establecer un Sistema de Alertas Rápidas para detectar casos de corrupción en las administraciones del Estado, comunidades autónomas y entidades locales.

La implementación de un sistema de alertas rápidas es fundamental para actuar de manera proactiva ante posibles fraudes.

La protección del denunciante es otro aspecto crucial que se debe considerar en esta estrategia. Se deben establecer mecanismos que aseguren la confidencialidad y protección de aquellos que informen sobre irregularidades, especialmente si tienen una relación laboral o funcionarial con la entidad denunciada.

Compromiso con la Transparencia

Desde Gestha se ha exigido un mayor compromiso por parte de los líderes de las administraciones públicas con las leyes de Transparencia. Esto implica limitar las causas de denegación de información y asegurar que cualquier negativa esté debidamente motivada, evitando argumentos estereotipados. Además, se debe impedir que las administraciones interpongan recursos contra las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, salvo en circunstancias excepcionales.

La publicación de un listado anual de las personas condenadas por corrupción es otra de las propuestas que se han planteado. Este listado incluiría a aquellos condenados por delitos como la financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias y malversación, entre otros. La transparencia en este sentido no solo servirá como un mecanismo de disuasión, sino que también contribuirá a la confianza pública en las instituciones.

Modificaciones Legales Necesarias

Por último, se han propuesto una serie de modificaciones legales que son consideradas esenciales para combatir la corrupción de manera más efectiva. Entre estas modificaciones se incluye la revisión de la normativa de financiación de partidos políticos y la regulación de la información patrimonial de los representantes públicos. La implementación de sanciones por incumplimiento o cumplimiento incorrecto de estas normativas es vista como una medida necesaria para garantizar la integridad en la gestión pública.

Además, se sugiere desconcentrar el poder de decisión en la contratación pública, promoviendo que las decisiones sean tomadas por órganos colegiados. Este enfoque no solo aumentaría la transparencia, sino que también reduciría el riesgo de corrupción al involucrar a más actores en el proceso de toma de decisiones.

En resumen, las propuestas planteadas por Gestha son un paso significativo hacia la mejora del control y la transparencia en la contratación pública en España. La implementación de estas medidas no solo contribuirá a reducir el fraude y la corrupción, sino que también fortalecerá la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y en la gestión de los recursos públicos.