COAG denuncia fraude fiscal en importación de tomate marroquí

Acciones Legales de COAG contra el Tomate Marroquí: Una Lucha por la Justicia Fiscal

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha decidido dar un paso contundente en la defensa de los intereses de los agricultores españoles. La organización ha anunciado su intención de emprender acciones legales contra las empresas que importan tomate marroquí a la Unión Europea, argumentando que estas empresas han superado el límite de toneladas exento de impuestos establecido por el acuerdo de libre comercio entre la UE y Marruecos. Este acuerdo, que debería facilitar el comercio, está siendo utilizado por algunas empresas para incurrir en fraude fiscal, lo que afecta directamente a la economía de los agricultores europeos.

El Fraude Fiscal en el Comercio de Tomate

Según las investigaciones realizadas por COAG, desde el año 2019 se han importado 230.000 toneladas de tomate marroquí que exceden el límite permitido. Esto ha generado una pérdida significativa para el fisco español, cifrada en aproximadamente 72 millones de euros, lo que se traduce en 14 millones de euros anuales que no han sido ingresados en las arcas públicas. Este tipo de prácticas no solo perjudican a los agricultores locales, sino que también socavan la integridad del sistema fiscal europeo.

Las cifras que maneja COAG son alarmantes y evidencian un problema que requiere atención inmediata.

Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de COAG, ha enfatizado que las cuentas son las más benevolentes posibles hacia Marruecos. Según Góngora, las cantidades de tomate que provienen del Sáhara Occidental deberían ingresar a la UE sin las condiciones preferenciales que se han establecido para Marruecos. Esto podría aumentar aún más las cifras de fraude fiscal, lo que subraya la necesidad de una revisión exhaustiva del acuerdo.

Límites de Importación y Precios Mínimos

El acuerdo de libre comercio entre la UE y Marruecos establece un límite anual de 285.000 toneladas de tomates que pueden ser importadas sin pagar impuestos. Sin embargo, las empresas deben cumplir con un precio mínimo de 0,46 euros por kilo. La falta de control en la aplicación de estas normativas ha permitido que muchas empresas eludan estas obligaciones, lo que ha llevado a una competencia desleal que afecta a los productores locales.

Góngora ha señalado que los agricultores europeos no han tenido un periodo de gracia como el que se ha otorgado a Marruecos, y que están sufriendo las consecuencias de esta competencia desleal en su día a día. Esto ha generado un clima de incertidumbre y preocupación entre los agricultores, que ven cómo sus ingresos se ven amenazados por prácticas comerciales desleales.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE

La situación se complica aún más con la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declaró ilegal el acuerdo de libre comercio entre la UE y Marruecos en octubre de 2024. Esta sentencia se basa en la falta de consentimiento del Sáhara Occidental y en la inclusión de productos de esta región dentro del convenio. A pesar de que la sentencia permite la extensión del acuerdo por un periodo de doce meses desde su publicación, la presión sobre los agricultores europeos no ha disminuido.

La sentencia del Tribunal de Justicia es un llamado a la acción que no puede ser ignorado por las instituciones europeas.

Góngora ha instado a la Unión Europea a que no cierre los ojos ante esta sentencia y a que actúe en consecuencia. La continuidad del acuerdo bajo las condiciones actuales provoca que los productores europeos pierdan rentabilidad y se enfrenten a una competencia desleal que amenaza su sustento.

Demandas de COAG al Gobierno Español

Además de las acciones legales contra las empresas importadoras, COAG también ha hecho un llamado al Gobierno español para que se posicione claramente en defensa de los agricultores nacionales. Góngora ha solicitado que el Gobierno presione ante las instituciones europeas para que se anule el acuerdo de libre comercio con Marruecos. Esta medida es vista como esencial para eliminar los graves efectos que tiene sobre las producciones locales.

La situación actual plantea un desafío significativo para los agricultores españoles, que se encuentran en una encrucijada. La falta de apoyo por parte de las instituciones podría llevar a una crisis en el sector agrícola, que ya está lidiando con múltiples problemas, como el cambio climático y la volatilidad de los mercados.

Impacto en el Sector Agrícola Español

El impacto de estas importaciones ilegales no se limita únicamente a la economía de los agricultores, sino que también afecta a la calidad de los productos que llegan al consumidor. La competencia desleal genera una presión adicional sobre los precios, lo que puede llevar a una reducción en la calidad de los productos nacionales. Los consumidores, al final, pueden verse perjudicados por la falta de opciones de calidad en el mercado.

El sector agrícola español es fundamental para la economía del país, y la protección de los agricultores locales debe ser una prioridad. La lucha de COAG es un reflejo de la necesidad de un marco comercial justo que garantice la equidad entre los productores europeos y aquellos que importan productos de terceros países.

El Futuro del Acuerdo de Libre Comercio

El futuro del acuerdo de libre comercio entre la UE y Marruecos es incierto. La presión ejercida por organizaciones como COAG y la reciente sentencia del Tribunal de Justicia podrían llevar a una reevaluación de los términos del acuerdo. Sin embargo, esto dependerá de la voluntad política de las instituciones europeas y del Gobierno español para abordar esta problemática de manera efectiva.

La situación actual pone de manifiesto la fragilidad del sistema agrícola europeo ante las prácticas comerciales desleales. Los agricultores españoles están en una lucha constante por su supervivencia, y es fundamental que se tomen medidas para proteger sus intereses y garantizar un comercio justo.

La Necesidad de una Revisión Exhaustiva

Es evidente que se necesita una revisión exhaustiva del acuerdo de libre comercio con Marruecos. Las condiciones actuales no solo están perjudicando a los agricultores españoles, sino que también están poniendo en riesgo la sostenibilidad del sector agrícola en su conjunto. La falta de control en la importación de productos y la elusión de las normativas fiscales deben ser abordadas con urgencia.

Los agricultores europeos merecen un entorno comercial que les permita competir en igualdad de condiciones. La lucha de COAG es un paso en la dirección correcta, pero se necesita un compromiso más amplio por parte de las instituciones para garantizar que se respeten los derechos de los productores locales.

El Papel de los Consumidores

Los consumidores también tienen un papel crucial en esta lucha. Al elegir productos locales y apoyar a los agricultores españoles, pueden contribuir a la sostenibilidad del sector agrícola. La concienciación sobre la procedencia de los alimentos y la importancia de apoyar la producción local es fundamental para crear un mercado más justo y equitativo.

La presión social puede influir en las decisiones políticas y comerciales, y es esencial que los consumidores se informen sobre las implicaciones de sus elecciones de compra. Al final, el bienestar de los agricultores y la calidad de los productos que consumimos están intrínsecamente relacionados.

La batalla de COAG contra el fraude fiscal en la importación de tomate marroquí es un ejemplo de cómo la defensa de los intereses locales puede tener un impacto significativo en la economía y en la calidad de vida de los agricultores. Es un llamado a la acción que debe ser escuchado y atendido por todos los actores involucrados en el sector agrícola.