España lidera en cumplimiento de laudos arbitrales y deuda energética

España en la Cima del Índice de Cumplimiento de Laudos Arbitrales en 2024

En el año 2024, España se ha posicionado como líder en el Índice de Cumplimiento de Laudos Arbitrales, elaborado por la consultora NL Investment Consulting. Este reconocimiento se produce por segundo año consecutivo, colocándose por delante de países como Venezuela y Rusia en cuanto al número de laudos pendientes de pago, que suman una deuda total de 1.820 millones de euros. Este informe ha sido presentado en la Conferencia Internacional sobre Energías Renovables, Inversión y Seguridad Jurídica, lo que subraya la relevancia del tema en el contexto actual.

Laudos Arbitrales y el Impacto Económico en España

Los laudos arbitrales que condenan a España provienen del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Estos laudos se relacionan con la decisión del Gobierno español, bajo la dirección de Mariano Rajoy, de recortar las primas de las energías renovables en 2013. Esta medida fue implementada como una estrategia para reducir el déficit tarifario en el sector eléctrico, pero ha tenido repercusiones significativas en el ámbito de los arbitrajes internacionales.

Hasta ahora, España ha mostrado resistencia a cumplir con las sentencias de arbitraje, que obligan al país a indemnizar a 25 compañías afectadas por la retirada retroactiva de las primas. Esta negativa ha resultado en una acumulación de obligaciones que ascienden a cerca de 1.500 millones de euros. Además, se deben considerar otros 345 millones de euros en sobrecostes judiciales y financieros, que incluyen condenas en costas, intereses de demora y los gastos de contratación de abogados y consultores.

La incertidumbre jurídica ha causado un daño a la economía española que se estima en 12.400 millones de euros entre 2023 y 2024. Si los impagos continúan en 2025, esta cifra podría alcanzar los 20.000 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 0,5% del PIB anual.

Propuestas de Solución por Parte de las Compañías Afectadas

A pesar de la situación complicada, las empresas afectadas han mostrado una disposición a negociar con el Gobierno español. Una de las propuestas más destacadas es el canje de la deuda por bonos verdes, lo que permitiría zanjar los litigios y, al mismo tiempo, reinvertir en el sector de las energías renovables en España. Este enfoque no solo busca resolver los conflictos existentes, sino también fomentar la inversión en un área clave para el futuro energético del país.

El informe de NL Investment Consulting destaca que los avances logrados por los acreedores en los tribunales de Estados Unidos han sido significativos. En las próximas semanas, se esperan novedades sobre los diferentes procesos en curso, que incluyen a las corporaciones niponas Itochu y Mitsui. Este contexto resalta la importancia de resolver los laudos pendientes para restaurar la confianza de los inversores.

Comparativa Internacional: España vs. Otros Países

En el ranking de países con laudos pendientes de pago, España se encuentra en la primera posición con un total de 24 laudos, seguida de Venezuela con 20 y Rusia con 10. Otros países que también enfrentan situaciones similares son México, Argentina, Perú, Polonia, Libia, Ucrania y Ecuador, que completan las diez primeras posiciones del índice.

En el caso de Venezuela, se prevé que los embargos de bienes podrían ayudar a resolver una parte significativa de sus deudas, ya que los tribunales de Estados Unidos han fallado a favor de los afectados. Esto podría llevar a la implementación de medidas compensatorias que ayuden a cerrar disputas que aún permanecen abiertas.

Negociaciones en Progreso en América Latina

El informe también señala que, durante 2024, países como Perú y Ecuador han comenzado a negociar con sus acreedores para resolver sus laudos. Argentina está siguiendo un camino similar. En Europa, gobiernos como los de Italia y Polonia han expresado su voluntad de poner fin a los contenciosos relacionados con los laudos arbitrales. Estas acciones contrastan con la postura de España, que aún no ha tomado medidas decisivas para resolver sus litigios.

El Tratado de la Carta de la Energía y sus Consecuencias

Es importante recordar que España se vio obligada a someterse a estos procedimientos debido a su firma del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), que estaba en vigor en el momento en que se retiraron las primas a las energías renovables. Esta situación ha llevado a condenas en tribunales de Estados Unidos, así como en cortes de Australia, Bélgica y Reino Unido.

A pesar de que España y la Unión Europea han decidido abandonar el TCE, las garantías de seguridad jurídica que ofrecía siguen siendo aplicables, dado que el tratado estaba en vigor durante la concesión y retirada de las primas. Esta es una de las razones por las que los tribunales de Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Suiza han desestimado los argumentos presentados por España en sus defensas.

Reacciones de la Justicia Internacional y Medidas Compensatorias

El estudio también menciona que las medidas compensatorias han comenzado a implementarse en el seno de la Unión Europea. Un ejemplo de ello es el embargo que ha llevado a cabo la justicia belga sobre los pagos de Eurocontrol a Enaire, una acción solicitada por las empresas que están sufriendo las consecuencias de los impagos por parte del Gobierno español.

La transición energética ha sido citada como un argumento para justificar la salida del TCE, pero la mayoría de las disputas que se han tramitado bajo este acuerdo están relacionadas con las energías renovables. En el caso de España, esto es especialmente relevante, ya que la gran mayoría de los litigios se refieren a este sector.

El Futuro de la Inversión en Energías Renovables en España

De cara al futuro, el informe concluye que tanto España como las instituciones comunitarias enfrentarán grandes desafíos para generar confianza entre los inversores. La falta de resolución de los litigios pendientes de pago dificultará la captación de capital necesario para financiar la transición energética en el país. La incertidumbre jurídica que rodea a las inversiones en energías renovables podría tener un impacto duradero en la capacidad de España para atraer inversiones en este sector vital.

La situación actual pone de manifiesto la necesidad de un enfoque más proactivo por parte del Gobierno español para resolver estos conflictos y garantizar un entorno más seguro y atractivo para los inversores. La resolución de los laudos pendientes no solo beneficiaría a las empresas afectadas, sino que también contribuiría a la estabilidad económica y a la promoción de un futuro energético sostenible en España.