Nuevas obligaciones para hospedaje y alquiler de vehículos en diciembre

Nueva normativa de registro para actividades de hospedaje y alquiler de vehículos

A partir del 2 de diciembre, entra en vigor el Real Decreto 933/2021, que establece nuevas obligaciones para las personas físicas y jurídicas que se dedican a actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor. Esta normativa ha generado un intenso debate en el sector del alojamiento y entre las agencias de viajes, que han expresado su preocupación por la carga burocrática que implica y el riesgo de afectar la competitividad del sector.

La nueva normativa contempla sanciones que pueden alcanzar los 30.000 euros para quienes no cumplan con las obligaciones establecidas.

Objetivos de la normativa: seguridad y transparencia

El Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la implementación de esta normativa como una medida necesaria para mejorar la seguridad ciudadana. En su argumentación, el ministerio ha señalado que los ataques a la ciudadanía, tanto de carácter terrorista como del crimen organizado, han evolucionado y requieren una actualización de las normativas existentes, que en algunos casos tienen más de seis décadas.

La normativa actual, según el ministerio, se ha quedado obsoleta. Por ejemplo, la regulación del registro de hospedaje data de 1959, lo que no contempla las nuevas modalidades de hospedaje que han surgido en la era digital, como las viviendas turísticas de corta duración. Esta falta de actualización podría permitir que actividades ilícitas se desarrollen sin el control necesario.

Registro en la plataforma Ses.Hospedajes

Las empresas afectadas por esta nueva regulación deberán registrar sus datos en la plataforma Ses.Hospedajes, que ha estado operativa desde 2022. Hasta ahora, más de 61.000 establecimientos hoteleros y casi 2.000 agencias de viajes se han registrado en esta plataforma, lo que representa un total de 4,77 millones de datos de usuarios. Este registro tiene como objetivo facilitar el seguimiento de las actividades de hospedaje y alquiler, permitiendo a las autoridades identificar a personas que pudieran estar relacionadas con actividades delictivas.

La recopilación de datos ha permitido localizar a 18.584 personas que figuraban en bases de datos de interés, lo que refuerza el propósito de la normativa de incrementar la seguridad.

Actividades afectadas por la normativa

La normativa afecta a una amplia gama de actividades. En primer lugar, las actividades de hospedaje incluyen hoteles, hostales, pensiones, campings y otros tipos de alojamientos que ofrezcan pernoctación a cambio de un precio. Por otro lado, el alquiler de vehículos a motor también está incluido, siempre que se trate de vehículos sin conductor. Esta regulación también abarca a los operadores turísticos que actúan como intermediarios y a las plataformas digitales que facilitan estas actividades.

Las empresas deberán cumplir con la obligación de registrar información específica, que incluye datos de la empresa arrendadora, del establecimiento, de los viajeros y de la transacción. Esta información no solo es esencial para el control de actividades, sino que también busca proteger la privacidad de los viajeros.

Recogida de datos: requisitos y especificaciones

La recopilación de datos es un aspecto fundamental de esta normativa. Las empresas deberán registrar información básica como el nombre o razón social, el CIF o NIF, y la dirección de contacto. Además, se requerirán datos específicos sobre los viajeros, que incluyen nombre completo, número de documento de identidad, nacionalidad y otros datos relevantes.

Para el alquiler de vehículos, los datos solicitados son similares, aunque se añaden detalles sobre los conductores. La normativa ha sido diseñada para no incrementar la carga administrativa, ya que los datos solicitados son los mismos que las empresas ya están recopilando.

Sanciones por incumplimiento

El incumplimiento de esta normativa conlleva sanciones que van desde los 100 euros hasta los 30.000 euros. Las infracciones se clasifican en leves y graves. Las infracciones leves se refieren a errores en la cumplimentación de los registros, mientras que las graves incluyen la falta de registros documentales o la omisión de comunicaciones obligatorias.

El ministerio ha enfatizado que el objetivo de estas sanciones no es recaudatorio, sino que busca asegurar el cumplimiento de la normativa y, por ende, mejorar la seguridad en el sector.

Reacciones del sector

El sector del alojamiento y las agencias de viajes han reaccionado con escepticismo ante la nueva normativa. Muchos profesionales consideran que la carga burocrática es excesiva y que podría afectar la competitividad de las empresas, especialmente aquellas más pequeñas que no cuentan con los recursos necesarios para adaptarse a estos nuevos requisitos.

Algunos representantes del sector han solicitado al gobierno una revisión de la normativa, argumentando que las medidas propuestas podrían tener un impacto negativo en el turismo y en la economía local. Sin embargo, el ministerio ha mantenido su postura, defendiendo que la seguridad de los ciudadanos es una prioridad.

Perspectivas futuras

A medida que la normativa entra en vigor, se espera que las empresas se adapten a los nuevos requisitos y que se produzcan cambios en la forma en que se gestionan las actividades de hospedaje y alquiler de vehículos. La implementación de esta regulación podría dar lugar a una mayor transparencia en el sector y a un mejor control de las actividades relacionadas con el turismo.

El ministerio ha indicado que se realizarán evaluaciones periódicas para analizar el impacto de la normativa y realizar ajustes si es necesario. Esta flexibilidad podría ser clave para abordar las preocupaciones del sector y garantizar que la regulación cumpla con su objetivo principal: la seguridad ciudadana.

Conclusiones sobre la nueva regulación

La entrada en vigor del Real Decreto 933/2021 marca un cambio significativo en la forma en que se gestionan las actividades de hospedaje y alquiler de vehículos en España. Con un enfoque en la seguridad y la transparencia, esta normativa busca adaptarse a las nuevas realidades del turismo y el alquiler de vehículos en la era digital.

Las empresas afectadas deberán prepararse para cumplir con los nuevos requisitos y adaptarse a un entorno regulatorio que, aunque controvertido, tiene como objetivo final la protección de los ciudadanos y la mejora de la seguridad en el sector. La respuesta del sector será crucial para determinar cómo se desarrollará esta normativa en el futuro y si se logrará un equilibrio entre la seguridad y la competitividad.