Juicio oral contra ex presidente del Banco Popular por estafa

El Juicio Oral Contra el Expresidente del Banco Popular y Otros Directivos: Un Caso de Estafa y Falsedad Contable

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha dado un paso significativo al abrir juicio oral contra Ángel Ron, ex presidente del Banco Popular, junto a un total de doce directivos de la entidad y la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC). Este caso se centra en la ampliación de capital llevada a cabo en 2016, la cual ha sido calificada por las acusaciones como un engaño a los inversores, quienes fueron inducidos a participar en la operación bajo la premisa de unos estados financieros que no reflejaban la realidad del balance ni del patrimonio del banco.

La acusación sostiene que los estados financieros de 2015 y 2016 presentaron una imagen distorsionada, lo que llevó a los inversores a tomar decisiones erróneas basadas en información incorrecta.

Delitos Acusados y Peticiones de Cárcel

En el auto emitido por el juez, se recogen los escritos de calificación de las 14 acusaciones, entre las que se incluye la Fiscalía Anticorrupción. Esta última ha solicitado penas de prisión que suman un total de 6 años, 7 meses y un día para Ángel Ron, así como para otros ex altos cargos como Francisco Gómez, ex consejero delegado, y Roberto Higuera, exvicepresidente. También se encuentra en la lista de acusados Jorge Oroviogoicoechea, quien fue miembro del consejo de administración.

El juez ha decidido que varios exdirectivos de la entidad y los auditores de PwC, José María Sanz y Pedro Barrio, se sienten en el banquillo de los acusados. Estos últimos son considerados cooperadores necesarios en la ejecución de los delitos que se les imputan. La apertura del juicio oral es un paso clave en este proceso que ha captado la atención de la opinión pública y del sector financiero.

Fianzas y Responsabilidades Civiles

El magistrado ha impuesto fianzas que suman un total de 2.277.658.321,17 euros, una cifra que ha sido solicitada por las acusaciones. Esta cantidad es provisional, ya que algunas de las acusaciones no han concretado su solicitud. La finalidad de estas fianzas es asegurar la ejecución de las posibles sentencias de naturaleza civil y contenido patrimonial que se dicten en el futuro.

En lo que respecta al Banco Santander, el juez ha decidido no abrir juicio oral en su contra como partícipe a título lucrativo. Sin embargo, ha mantenido su posición como responsable civil subsidiario, dado que adquirió el Banco Popular y, por tanto, debe asumir dicha responsabilidad en el ámbito civil. Esto implica que las partes acusadoras podrán presentar sus peticiones legítimas en este contexto.

El Papel de PwC en el Escándalo Financiero

A pesar de que la Fiscalía no ha acusado directamente a PwC, sí lo han hecho el resto de las acusaciones, a excepción de la Organización de Consumidores y Usuarios. El juez ha indicado que, aunque PwC no sea acusada de manera directa, deberá responder de forma subsidiaria por los hechos que se imputan a los auditores implicados en el caso.

En su resolución, el magistrado ha desestimado las cuestiones planteadas por PwC en relación con la falta de legitimación activa de algunos de los perjudicados. Calama ha argumentado que este tipo de trámites no tienen cabida en el presente procedimiento y que la auditora no puede intentar trasladar cuestiones civiles al ámbito penal. Además, ha destacado que los perjudicados han estado presentes en la instrucción durante más de seis años, sin que PwC haya planteado objeciones sobre su legitimidad hasta ahora.

La falta de acción por parte de PwC durante la instrucción es considerada como responsabilidad de sus abogados, lo que ha llevado al juez a calificar su solicitud como "extravagante e intempestiva".

Contexto de la Ampliación de Capital

La ampliación de capital en cuestión se llevó a cabo el 25 de mayo de 2016, bajo la presidencia de Ángel Ron. En una reunión del Consejo de Administración, se aprobó la ejecución del aumento de capital acordado en la Junta General de Accionistas del 11 de abril de ese mismo año. Durante esta reunión, la Comisión de Auditoría emitió un informe favorable para la ampliación, a pesar de no contar con un estudio detallado que respaldara esta decisión.

Los auditores de PwC que asistieron a la reunión no advirtieron a los miembros de la Comisión sobre ningún problema en las cuentas del Banco Popular, lo que ha suscitado preguntas sobre la responsabilidad de la consultora en este caso. El juez ha señalado que el folleto de la ampliación contenía información financiera alterada, lo que ocultaba a los inversores déficits significativos en las provisiones, derivados de las cuentas anuales auditadas por PwC.

Impacto en los Inversores y Pérdidas Económicas

El magistrado ha destacado que, si se hubieran reflejado adecuadamente las provisiones en los balances del Banco Popular a 31 de diciembre de 2015 y 31 de marzo de 2016, el resultado contable habría mostrado pérdidas de al menos 2.500 millones de euros, en lugar de los beneficios que la entidad había declarado. Esta alteración en los balances también habría afectado a numerosas ratios financieras que los inversores utilizan para realizar sus análisis.

La magnitud de las pérdidas y la falta de transparencia en la información proporcionada a los inversores han generado una fuerte indignación en el sector financiero y entre los afectados. La situación ha puesto en tela de juicio la ética y la responsabilidad de los directivos y auditores implicados en la gestión del Banco Popular.

El Proceso Judicial y sus Implicaciones

El auto de apertura de juicio oral, que no admite recurso, ha dado un plazo de 20 días a las defensas para presentar sus escritos. Este proceso judicial se presenta como un hito en la lucha contra la impunidad en el ámbito financiero, y su desarrollo será seguido de cerca por los medios de comunicación y la opinión pública.

La atención se centrará no solo en las penas que se impongan a los acusados, sino también en las posibles repercusiones que este caso pueda tener en la regulación del sector bancario y en la confianza de los inversores en el sistema financiero español. La sentencia que se dicte podría sentar un precedente importante en la forma en que se gestionan y auditan las entidades financieras en el futuro.

El Futuro del Banco Popular y sus Accionistas

El caso del Banco Popular ha dejado una huella profunda en el panorama financiero español, y su resolución podría tener implicaciones significativas para el futuro de la entidad y sus accionistas. A medida que avanza el juicio, se espera que surjan más detalles sobre la gestión de la entidad y las decisiones que llevaron a su situación actual.

La responsabilidad civil subsidiaria del Banco Santander también será un punto de interés, ya que los accionistas del Popular esperan que se les compense por las pérdidas sufridas. La forma en que se resuelva este caso puede influir en la confianza de los inversores en el sistema bancario español y en la percepción de la transparencia y la responsabilidad en la gestión de las entidades financieras.

La evolución de este juicio y sus resultados serán cruciales para el futuro del sector bancario y para la protección de los derechos de los inversores en España.