Jordi Turull defiende aplicación de ley de amnistía ante cuestión inconstitucional

Jordi Turull se opone a la cuestión de inconstitucionalidad por desobediencia y defiende la amnistía

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha rechazado la posibilidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en relación al delito de desobediencia y ha defendido la aplicación de la ley de amnistía. En un escrito presentado ante los magistrados del Tribunal Supremo, Turull ha argumentado que la ley de amnistía es perfectamente compatible con la Constitución y ha solicitado en dos ocasiones que se le aplique para eliminar los delitos de malversación y desobediencia que se le imputan.

Críticas a la oposición del tribunal

La defensa de Turull ha criticado la supuesta oposición del tribunal a la aplicación de la ley de amnistía, calificándola como una "elucubrada oposición" que busca cuestionar un instrumento legal válido. Según el escrito presentado, la amnistía no está expresamente prohibida en la Constitución Española y ha sido reconocida en el derecho europeo, por lo que su aplicación no debería generar controversia.

Fundamentos legales de la amnistía

La defensa de Turull ha recordado que el Tribunal Constitucional ha admitido la facultad del legislador para aprobar leyes de amnistía y que el Tribunal Supremo ha declarado hechos amnistiados en anteriores ocasiones. Además, argumenta que la ley de amnistía garantiza de forma precisa su ámbito de aplicación, respetando el principio de legalidad y evitando la arbitrariedad.

Reconciliación social y política

Para la defensa de Turull, la ley de amnistía persigue un objetivo legítimo de reconciliación social y política, por lo que no se puede considerar arbitraria. Además, se sostiene que la igualdad ante la ley no impide la implementación de medidas discriminatorias justificadas por principios democráticos.

No afecta a la exclusividad de los jueces

Finalmente, se argumenta que la ley de amnistía no atenta contra la exclusividad de los jueces para impartir justicia, ya que no cuestiona ni corrige los juicios fácticos y jurídicos realizados por la Sala. Más bien, se limita a declarar amnistiados ciertos hechos por razones políticas, como se detalla en el preámbulo de la ley.